José A. Hernández Mayoral

Punto de vista

Por José A. Hernández Mayoral
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La Junta, los pensionados y la estadidad

Si la Junta existe para que los políticos tengan a quien echarle la culpa, como algunos dicen, los gritos de guerra del gobernador no impedirán el recorte a las pensiones. Me pregunto: ¿si para cuadrar el presupuesto se ha hecho necesario un sacrificio por parte de los pensionados, por qué la Junta no ha objetado los planes para la celebración de un segundo plebiscito con el gasto que eso supone? La respuesta está en la ley Promesa.

Esa ley tiene una sección que parece a simple vista impedir que la Junta se meta en temas de status. La sección 402 lee: “Nada en esta ley debe interpretarse como restricción al derecho de Puerto Rico a determinar su status político futuro, incluyendo la celebración del plebiscito autorizado por la Ley Pública 113-76.”

El gobernador ha ligado su intención de plebiscito a la Ley 113-76, cuando dice que buscará el aval del Departamento de Justicia para el uso de los $2.5 millones. Es en esa ley que se dispuso para ello. (Tengo un recuerdo vago de que esa asignación de fondos expiraba a los cuatro años. Si estoy en lo correcto entonces esos fondos ya no estarían disponibles.)

Aún cuando Puerto Rico tuviese que costear íntegramente el plebiscito, la Junta evadiría meterse en el asunto para no “restringir” lo que el Congreso ha declarado es el derecho de los puertorriqueños a determinar su futuro político.

Pero, aguántense ahí un momentito. La ley Promesa también requiere, en su sección 204, que el gobernador le someta a la Junta un estimado formal –preparado por una entidad apropiada con conocimiento en presupuestos y gerencia financiera– del impacto que toda ley aprobada tendría en los gastos y recaudos del gobierno. Dice “toda ley”, lo cual incluiría una ley de plebiscito.

Hay dos formas de ver una nueva ley de plebiscito. Por un lado, puede tomarse como otro ejercicio inútil que no conducirá a nada. Visto así, el impacto a los gastos y recaudos que el gobernador tendría que certificar bajo la 204 se limitaría al costo de efectuar el plebiscito.

La otra manera de ver una ley de plebiscito es reconociéndola cómo un ejercicio válido donde estaremos determinando si deseamos convertir nuestro sistema de autonomía a un estado federado. Tomado como un proceso serio, con posibilidades, entonces el impacto fiscal que el gobernador tendría que certificar bajo la sección 204 no se puede limitar al costo del plebiscito. Si la finalidad del plebiscito es la estadidad, el impacto sobre gastos y recaudos que debe certificar es el de la estadidad propiamente.

El impacto sobre los recaudos sería tan severo que la Junta tendría que alertar al Congreso.

Nuestro fondo general se nutre principalmente de cuatro fuentes. La principal es el IVU, que para 2019 se proyecta en $2,313 millones. Le siguen las contribuciones sobre ingresos de individuos y corporaciones, proyectadas en $2,125 y $2,175 millones cada una para el mismo periodo. Y finalmente está el impuesto a las foráneas que recauda $1,915 millones. Tres de esas se afectan adversamente con la estadidad.

El impuesto a las foráneas se acabaría con la estadidad. Es en realidad un rescate federal disfrazado. Es el IRS haciéndose de la vista larga, lo cual puede hacer bajo la cláusula territorial pero no bajo la de uniformidad. Las contribuciones sobre ingresos se reducirían seguramente a menos de la mitad en la medida en que se incorporan las contribuciones federales.

Lo que nos trae de vuelta a los pensionados. Imaginemos un presupuesto estatal que sea la mitad del actual. ¿Cuál sería el recorte a las pensiones? Se debiera saber antes de votar.

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