Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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La Junta manda sobre la Legislatura

Como aquel mítico eslogan de Los Rayos Gamma, “ofendiendo a todos por igual”.

Ese es el caso de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) federal con respecto a la Legislatura de Puerto Rico, sobre la cual tiene tanta injerencia como la que tiene con el resto del Gobierno.

La Legislatura está renuente a aceptar que los poderes de la Junta también alcanzan a la Rama Legislativa, que parece interpretar acomodaticiamente la Ley federal PROMESA, que creó el organismo para atender la crisis fiscal y económica por la que atraviesa Puerto Rico.

Para quienes todavía lo dudan, vamos a ver aquí qué es lo que dispone el estatuto federal aprobado el año pasado en la postrimería de la administración de Barack Obama.

La Ley PROMESA incluye a la Legislatura. Más aún, el estatuto le confiere a la Junta autonomía total, lo que la hace intocable para las cámaras legislativas boricuas.

“Ni el gobernador ni la Legislatura podrá: 1) ejercer ningún control, supervisión o revisión con respecto a la Junta de Supervisión o sus actividades; 2) promulgar, implementar o hacer cumplir cualquier estatuto, resolución, política o norma que menoscabaría o frustraría los propósitos de esta ley, según lo determine la Junta de Supervisión”, dispone el estatuto con respecto a la autonomía del organismo en sus secciones 108 (a)(1) y (2).

Más claro no canta un gallo. Lo que esto quiere decir es que, parafraseando a Cuca Gómez, aquel personaje de la televisión que creó Otilio Warrington “Bizcocho”, la Junta lo fabrica, la Junta lo usa y la Junta lo recomienda.

Sin lugar a dudas, la Junta Fiscal tiene “control exclusivo” de los procesos para asegurar la aprobación e implantación de los planes fiscales y tiene la autoridad de requerir que el gobierno de Puerto Rico incluya en ellos cualquier recomendación del organismo, aunque la Legislatura o el gobernador las hayan rechazado previamente. Así se consigna en la Sección 201 de la Ley PROMESA.

Además, se dispone que la Junta puede hacer las correcciones necesarias en los gastos gubernamentales para asegurar que cumplan con el Plan Fiscal certificado por el organismo. O sea, que puede modificar según su criterio el presupuesto del Gobierno.

Asimismo, la Junta tiene facultad de congelar plazas de trabajo y prohibir cualquier tipo de contratación y transacción financiera que no cumpla con el susodicho Plan Fiscal, lo que seguramente ha puesto nerviosos a los legisladores.

Vemos así que la Legislatura no puede andar por la libre y que tiene que ajustarse a los parámetros establecidos por la Junta Fiscal con la autoridad que le otorga la Ley PROMESA, de la misma forma que está obligado a hacerlo el resto del Gobierno.

En ese sentido, como le recordó recientemente la Junta en cartas al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, es mandatorio que toda legislación sea presentada por el primer ejecutivo al organismo federal, acompañada de un estimado de costos y un certificado de cumplimiento con el Plan Fiscal.

Más todavía, si se incumple con algunos de estos requisitos, la Junta está autorizada a impedir la implantación de dicha ley o a tomar “cualquier otra acción” que considere necesaria, de acuerdo a las disposiciones de la sección 204 (a)(1) y (a)(5) del estatuto federal.

No estamos diciendo que la Ley PROMESA y todo lo que el estatuto dispone sea bueno o malo, esa es otra discusión.

Aquí simplemente consignamos la realidad con la que tienen que comenzar a lidiar aquellos funcionarios, electos o designados, que están en negación con respecto a los poderes que sobre sus actos tiene la Junta Fiscal.

Al que le caiga el sayo…

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