José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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La Junta no es la solución

(La antropóloga y profesora universitaria Yarimar Bonilla es coautora de esta columna).

Hay quienes piensan que la solución a la crisis política actual es la otorgación de mayores poderes  a la Junta de Control Fiscal. Además de que ese reclamo es contrario al reclamo popular en las calles. Vale señalar que no hay evidencia de que la Junta vaya a resolver nuestros problemas de gobernanza.

Hace tres años cuando se discutía la posibilidad de nombrar una junta, la mayoría del pueblo la apoyó pensando que “metería en cintura” a los políticos (frase utilizada por sus apologistas) y acabaría con la corrupción. Después de todo, la junta es “federal”, por lo tanto debe ser buena, de acuerdo al imaginario colectivo. 

No obstante, ese no ha sido el caso. En casi tres años de existencia, la Junta no ha encontrado un solo acto de corrupción que haya conducido a acusaciones locales o federales. En vez de impugnar contratos dudosos, la Junta ha otorgado más contratos jugosos de los que habían antes de su existencia, como la contratación de la firma McKinzey, que factura casi $3 millones mensuales mientras es bonista del gobierno: un conflicto prohibido en el Capítulo 9 del código de quiebras, pero que se permite en los territorios como Puerto Rico que fueron explícitamente sacados del capítulo 9. Tuvo que ser el FBI quien encontrara los empleados fantasmas y las contrataciones dudosas.

La Junta ha sido demandada múltiples veces por falta de transparencia y acceso a la información, un elemento esencial para la buena gobernanza. En esas demandas se destapó que esta Junta no es independiente sino que está sujeta a los controles del Congreso, como evidencian los correos publicados entre el congresista republicano Rob Bishop y el presidente de la Junta José Carrión. 

Como si fuese poco, algunos políticos que participaron en la creación de la Junta, como el ex comisionado residente Pedro Pierluisi, luego pasaron a ser parte de bufetes que se han lucrado de contratos con la misma. Ahora Pierluisi fue nominado como sucesor de Ricardo Rosselló. 

Los conflictos de intereses de algunos de los miembros de esta Junta hubiesen sido dilucidados en vistas públicas, pero Barack Obama y el Congreso de entonces no consideró que estas vistas  fueran necesarias ya que se trataba de un territorio. Gracias a la corte apelativa, ahora los nombramientos deben ir a confirmación senatorial.

Algunos dicen que el valor de la Junta reside en su habilidad de implementar las reformas estructurales que supuestamente necesita la economía y que ningún político local se atrevería implementar. Estas reformas no son otra cosa que el programa neoliberal tradicional, el cual tiene una fe ciega en que al desregular la economía, el desarrollo económico llegará como por arte de magia. Sin embargo, los resultados de esas reformas en Puerto Rico y otros países son muy cuestionables. Según el ex secretario del Trabajo, la reforma laboral de 2017 creó 200 empleos en ocho meses, lo que representa menos del 1% de la fuerza laboral. 

Con la reconstrucción post María, se espera que los recaudos del gobierno crecerán. Pero, en vez de utilizar esos fondos para suavizar las medidas de austeridad, o ayudar a aquellos que aún no se han recuperado después de María, la Junta decidió duplicar los pagos de la deuda en el nuevo plan fiscal, cuando se compara con el plan fiscal pre-María. Si esos fondos federales  ($42.3 mil millones, no $92 mil millones como esgrime Donald Trump) no llegan a nuestra economía, es de suponer que la Junta incrementará aún más sus medidas de austeridad para poder cumplir con los pagos de deuda exagerados. Esas son las consecuencias de las malas decisiones de la Junta. 

Por eso, no hay criterio alguno para establecer que esta Junta descontrolada ha protegido el bienestar de Puerto Rico. Por eso en las encuestas de este diario se viró la tortilla: ahora la mayoría la repudia.  

Algunos apologistas que antes justifican la Junta como solución a la corrupción, ahora dicen que la apoyaban porque gracias a la Junta tenemos hoy la paralización de pagos a la deuda. Esto ya lo desmintió el Tribunal Apelativo de Boston: la Junta es inconstitucional, pero el acceso a la quiebra se queda. Hay quienes dicen que sin Junta no hubiésemos obtenido acceso a la quiebra”, pero en 2015 hubo la disposición de incluir a Puerto Rico en el capítulo de quiebra—donde estuvimos antes de 1984—sin Junta.

Los problemas de corrupción y gobernanza no son endémicos de políticos puertorriqueños como Trump parece sugerir. De hecho, en un artículo de Eileen Segarra y María Enchautegui se muestra que la tasa de convictos por corrupción es mayor en Estados Unidos que en Puerto Rico para la mayoría de los años.  Además, muchos de los escándalos recientes envuelven figuras del extranjero como los directivos de Whitefish y la ex secretaria de educación, Julia Keleher. Esta última vino a Puerto Rico con las mismas promesas que la Junta: proponía ser un “agente de cambio” y la “adulta en el cuarto” que limpiaría la casa e implementaría las reformas que los locales no querían hacer. Ahora es ella la acusada por malversación de fondos.  

Por tanto, creemos que los problemas de Puerto Rico no se resuelven agudizando el colonialismo sino desarrollando mayores herramientas democráticas. Esto incluye refundar el FEI, reestablecer una especie de “Blue Ribbon Committee” que pueda radicar casos de corrupción y solo incluya a miembros sin conflictos de intereses, reforzar las leyes que regulan a los cabilderos y prohibir las puertas giratorias, entre otras. Ahora mismo debemos enfocarnos en que la transición política de la administración de Ricardo Rosselló se dé con la participación y el acuerdo de la sociedad civil, no en cuartos cerrados por acuerdo entre grupos de interés privado. 

Sería una tragedia que un movimiento que busca mayor participación en el proceso político se convierta  en una justificación para la otorgación de mayores poderes a un ente que no fue electo, que no consulta y que no representa fielmente los intereses públicos. En vez de llamar para más intervención estadounidense, como han hecho las juntas editoriales de The Washington Post y The New York Times,  deberíamos todos recordar que en las vigilias y marchas de las últimas semanas el reclamo ha sido, “Ricky renuncia y llévate la Junta”.

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