Vicente Feliciano

Tribuna invitada

Por Vicente Feliciano
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La Junta pivota hacia el desarrollo

Durante el primer año de PROMESA, el énfasis de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha estado centrado en cómo cerrar el déficit del gobierno central y de las corporaciones públicas. En su primer informe al Congreso, la JSF hizo una serie de reclamos cuyo enfoque es desarrollo económico.

No es que hasta ahora el tema de desarrollo haya estado ausente. Llevar el monto de servicio de la deuda a niveles manejables es condición necesaria, aunque insuficiente, para alcanzar desarrollo económico. Por lo tanto, iniciar el proceso de Título III con varios emisores de deuda gubernamental es una acción conducente al desarrollo económico.

Quizás la acción más importante relacionada con desarrollo económico que ha llevado a cabo la JSF fue iniciar el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Los acuerdos a los que llegaron tanto la administración de Alejandro García Padilla como la de Ricardo Rosselló implicaban aumentos significativos en el costo de la electricidad. Los acuerdos no eran consistentes con una manufactura y un turismo competitivos. La JSF buscó limitar que el pago de deuda no excediera cuatro centavos el kilovatio/hora, lo que fue inaceptable para los bonistas.

Ahora la JSF hace una serie de reclamos al Congreso como diciendo “no te quejes si no avanzamos con la velocidad que tú deseas, si no nos ayudas con las cosas que necesitamos”. Lamentablemente, Puerto Rico no es prioridad ni en el Congreso ni en la Casa Blanca. Por lo tanto, la probabilidad de que haya acción en cuanto a muchos de estos reclamos es limitada.

Un ejemplo son las leyes de cabotaje. Hay consenso de que estas leyes son perjudiciales para Puerto Rico, una isla en medio del Caribe. Sin embargo, los sindicatos y las empresas que se benefician de las leyes de cabotaje tienen el poder político para impedir que el Congreso las flexibilice en favor de la isla.

Del mismo modo, la JSF solicita flexibilidad en las leyes de bienestar social para implantar un esquema de crédito al trabajo (earned income tax credit), a la vez que se protege a los grupos más vulnerables. Es necesario que trabajar a salario mínimo sea más atractivo que combinar beneficencia social y trabajo en la economía informal. No está claro que el Congreso o la Casa Blanca estarán en disposición de ofrecer esta flexibilidad a Puerto Rico.

Está bien de parte de la JSF hacer estos reclamos. Sin embargo, lo que la JSF debería hacer ahora es trabajar con las herramientas que controlamos y con la administración Rosselló para adelantar el desarrollo económico de Puerto Rico.

La administración Rosselló ya implementó una reforma laboral que pidieron durante muchos años los empresarios operando en Puerto Rico. Se tiene flexibilidad para alterar varios programas de beneficencia social y no se utiliza. Se tiene control local sobre elementos del costo de la transportación, pero no se utilizan. Mientras, la administración Rosselló propuso cambios al sistema contributivo que desalientan la participación laboral.

El pivote de la JSF hacia el desarrollo económico es bienvenido. No se debe quedar en reclamos a Washington, D.C., sino pasar a acciones concretas con las herramientas que ya controlamos.

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