Jesús Manuel Ortiz

Tribuna Invitada

Por Jesús Manuel Ortiz
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La Junta puso las cartas sobre la mesa

La primera reunión en Puerto Rico de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) desveló claramente la ruta que planifica utilizar para atender la crisis fiscal y económica que vivimos.

En esa reunión, la JSF estableció sin tapujos que el Plan Fiscal que aprobarán será uno que no incluya los fondos federales que recibe Puerto Rico. Hizo clara referencia a los más de 1,900 millones provenientes del impuesto a las empresas foráneas o Ley 154 que actualmente permite el Servicio de Rentas Internas (IRS) y que representa casi un 24% del presupuesto del gobierno local. Tampoco deberá incluir los $1,200 millones en fondos de Obamacare para financiar gran parte del Plan de Salud del Gobierno (PSG) que cobija a 1.6 millones de personas en la Isla ni la paridad en fondos Medicare y Medicaid.

Esa ecuación supone que el Plan Fiscal que la JSF dice estar dispuesta a certificar, será uno que contenga alrededor de $3,100 millones menos en ingresos. A eso tenemos que añadir que en febrero concluye la moratoria de los pagos que está vigente, y si no se ha reestructurado la deuda, tendremos sobre nuestros hombros innumerables demandas en los tribunales, un pago de deuda acumulada de cerca de $1,300 millones y $1,900 millones en cuentas por pagar.

Ese adelanto de las intenciones de la JSF, indiscutiblemente supone un Plan Fiscal que recortará pensiones, reducirá aún más el presupuesto del gobierno, incluirá el despido de miles de empleados públicos, eliminará servicios a la población, impulsará la salida de casi un millón de personas del plan de salud del gobierno e impondrá nuevos impuestos, entre otras medidas.

También dejaron claro que todo esto debe suceder antes de iniciar un proceso de reestructuración de deuda como el permitido en el Título 3 de PROMESA. Sin lugar a dudas, sería un cuadro desolador. Una junta de personas no electas por el pueblo, imponiendo a Puerto Rico la condena de vivir en un país con una calidad de vida precaria que ninguno de nosotros ha visto o imaginado jamás. 

Ese es el camino que el Plan Fiscal presentado ante la JSF evita a toda costa, manteniendo intacta una política pública de sensibilidad ante la crisis. Es por eso que el Plan Fiscal tiene un rumbo claro de, a pesar de la difícil situación, no sacrificar los servicios esenciales, la salud y los empleos de la gente, mientras logramos la necesaria reestructuración de la deuda para poder cumplir con nuestras obligaciones y desarrollar nuestra economía sin que la soga parta por lo más fino.

Para que tengan una idea clara, el Plan Fiscal que fue presentado el pasado octubre, y que ya la JSF descalificó, está basado en pilares importantes tales como proteger a los pensionados, las cooperativas puertorriqueñas, la Universidad de Puerto Rico, el empleo público, buscar la reestructuración de la deuda e implementar medidas de crecimiento económico.

Para eso recomienda acciones que buscan atender el problema gradualmente y con sensibilidad. Algunas de las acciones contenidas son la consolidación de agencias de gobierno, escuelas y hospitales públicos, la reducción de nómina gubernamental sin despidos, la inversión en tecnología para fomentar la eficiencia gubernamental y nuevos sistemas de contabilidad gubernamental.

Tal y como señalaron miembros de la Junta, el Plan Fiscal cuenta con que la Isla continuará recibiendo los ingresos de la Ley 154 y algún tipo de financiamiento federal para el PSG, pues el gobierno norteamericano también tiene responsabilidad en la crisis boricua. El mismo reconoce además que las medidas de austeridad tomadas por gobiernos en la última década, no sólo no han resuelto el problema, sino que lo han agravado y establece inequívocamente, que la deuda de casi $70 mil millones que tiene Puerto Rico, no es pagable en las condiciones actuales, por lo que se tiene que reestructurar.

Amigos y amigas, si la JSF ya adelantó que el Plan Fiscal tiene que ser más agresivo que el presentado por esta administración, es evidente que su visión va más dirigida a pagar, recortar y eliminar, que a repartir con justicia las obligaciones entre todas las partes.

Ante esa preocupante realidad, es importante saber si el gobierno entrante respalda el enfoque de austeridad que proclama la JSF, o si va a exigir un incremento en los esfuerzos para reestructurar la deuda y la implementación de acciones que no representen una ofensiva despiadada contra nuestro pueblo. Llegó el momento de asumir posturas concretas y decir de frente si responden a Puerto Rico o a intereses externos que empujan que la crisis solo la pague el pueblo.

Yo estoy claro de en qué lado de la historia tenemos que estar en esta coyuntura: del lado de la gente. Puerto Rico tiene derecho a conocer la postura de su nuevo gobierno. Las cartas están sobre la mesa.

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