José González Mercado

Tribuna Invitada

Por José González Mercado
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La Junta supervisa, no controla

La jueza federal Laura Taylor Swain dejó claro de que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene la facultad en ley de controlar el gobierno electo de Puerto Rico. Su función es ‘supervisar’, no controlar. Eso fue el mensaje de la histórica decisión de ayer tomada en contra de los intentos de este ente federal de colocar un oficial de trasformación para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El rol de la Junta es uno de avalar un plan fiscal a largo plazo que contenga todos los elementos necesarios para eliminar la deuda estructural del gobierno la cual se estima en unos $72,000 millones. También tiene como función el velar que se cumpla con los parámetros del mismo. Todo esto el gobierno ha cumplido a cabalidad. En ningún momento dice la Ley PROMESA que la Junta controlaría las corporaciones públicas o agencias de la rama ejecutiva, como intentaba hacer con el nombramiento de Noel Zamot.

La decisión de la jueza Swain hecha al piso esa teoría errónea de la Junta. Con este ‘ruling’, la Junta debe entender que su función se tiene que concentrar en ayudar a Puerto Rico a salir de la peor crisis económica en la historia de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos. Para ello, tiene que empezar a cumplir un mandato de PROMESA el cual la directora de la Junta, Natalie Jaresko, así como sus miembros, han relegado al final de su lista de prioridades: el desarrollo económico de la isla.

Nuestro presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, ha estado a la vanguardia de la lucha para que la Junta impulse las recomendaciones del Grupo de Trabajo Bipartita del Congreso sobre Puerto Rico las cuales establece que para mejorar la situación económica de la isla se necesita, entre otras cosas, aprobar legislación a favor de mayores recursos para los programas que se nutren de fondos Medicaid, particularmente ‘Mi Salud’. Las recomendaciones también enfatizan la necesidad de mejorar el trato que recibe la isla bajo la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios), la Parte B (servicios médicos), la Parte C (Programas Advantage) y la Parte D (cubierta de medicamentos) y trabajar una serie de propuestas que darían asistencia a los medianos y pequeños comerciantes bajo los programas administrados por la Administración de Pequeños Negocios.

Ayudar a Puerto Rico, supervisando las acciones e impulsando el desarrollo económico, esa debe ser la función de la Junta y la jueza validó esa verdad. 

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