Luis Raúl Torres

Tribuna Invitada

Por Luis Raúl Torres
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La Junta tiene que decir la verdad

En la vistas públicas que realiza la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto del País, solicité al presidente de la Comisión, honorable Antonio Soto Torres, que cite a deponer en las vistas públicas sobre el presupuesto al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal para aclarar información sobre el presupuesto recomendado, el cual fue negociado con el gobernador Ricardo Rosselló.

En su comparecencia a la vista pública para defender el presupuesto recomendado, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, manifestó que queda a la entera disposición de la Junta de Supervisión Fiscal certificar el presupuesto recomendado”.  Además, estableció que la Junta tiene la autoridad y el poder para imponer y certificar su propio presupuesto si a su juicio el gobernador y la Asamblea Legislativa no proponen un presupuesto aceptable que esté en cumplimiento con el Plan Fiscal Certificado.

Ante esta aseveración es imperante e impostergable que se cite a las vistas públicas al Sr. José Carrión III, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, para que conteste cuáles fueron sus exigencias, disposiciones de partidas, establecimiento de prioridades para los servicios esenciales, pagos al servicio de la deuda y los fondos asignados para gastos de la propia Junta, que son $60 millones asignados en la Resolución Conjunta de la Cámara 187. Hay otra partida de $190 millones que se separa en el presupuesto como una reserva adscrita a la Junta de Supervisión Fiscal, que provienen de fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de la Vivienda, que es necesario aclarar para qué se usará y si eso obligará a realizar aumentos en los servicios de luz y agua.

Estas vistas de presupuesto no deben ser una pantomima. Cualquier asignación o cambio que le haga la Asamblea Legislativa estará sujeto a la voluntad de la Junta de Supervisión Fiscal. Queremos conocer si lo que se ha dispuesto en este presupuesto proviene de la voluntad del gobernador Rosselló y su equipo financiero o de la Junta de Supervisión Fiscal.

No podemos permitir que los sacrificios que se le están imponiendo a los pensionados, a los trabajadores del Gobierno y a la ciudadanía en general, a través de los recortes y los 91 impuestos nuevos, sean escondidos responsabilizando a la Junta cuando provienen del gobierno de Rosselló y la Legislatura del Partido Nuevo Progresista.

La Constitución de Puerto Rico establece que la responsabilidad de recibir, evaluar y aprobar el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico es de la Asamblea Legislativa y comienza en la Cámara de Representantes. Por eso, la Junta no puede usurpar nuestras funciones y si fuera necesario debemos acudir a los tribunales.

Otro asunto que debe se debe aclararcon el presidente de la Junta, es si ellos han avalado la intención del Gobierno de Rosselló de pagar el servicio a la deuda usando los depósitos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) como colateral de pago a los bonistas y que puedan emanar de los activos del Banco y cuando no haya efectivo, los pagos se harán en un “pago en especie”, acumulándose hasta que se puedan pagar”.

Esto queda evidenciado porque “las medidas legislativas radicadas por el Ejecutivo ante la Cámara de Representantes solamente asignan $404 millones para el pago a la deuda que alegadamente provienen de las entidades cubiertas por el Plan Fiscal del Gobierno central. Estos $404 millones son una proyección del sobrante de efectivo en el presupuesto de las agencias del Gobierno central para los próximos 10 años fiscales.

Es decir, que la cartera de activos del BGF de $6,290 millones en préstamos será la primera alternativa de repago a los bonistas. De esos fondos, $2,036 millones provienen de los préstamos a los municipios. Además, se distribuirán entre los bonistas los casi $55 millones en bienes raíces del BGF. Estas medidas afectarán los servicios que ofrecen los municipios a la ciudadanía.

La Junta de Supervisión Fiscal debe aclarar ante la Comisión de Hacienda si impuso esta medida como parte del presupuesto o si la misma fue propuesta por el Gobierno de Rosselló y Junta la aprobó. ¡Puerto Rico tiene el derecho a saber la verdad!

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