Jaime Lluch

Tribuna Invitada

Por Jaime Lluch
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La Junta y los derechos humanos

L a Junta de Control Fiscal (JCF) opera en base a una ideología política que nada tiene que ver con una ciencia económica: los mercados y el gran capital importan más que los seres humanos, y poco importa la miseria social que están imponiendo sobre las clases medias y los pobres en la isla. Ya el estado de bienestar era bastante disfuncional y paupérrimo en Puerto Rico, pero para estos ideólogos de derecha el mercado funciona bien sólo cuando hay redistribución hacia arriba, y se recortan los pocos derechos sociales y económicos que las clases más desventajadas han logrado tras largas luchas democráticas.

La Junta quiere imponer medidas para reducir el gasto gubernamental, e imponer una reforma laboral con una reducción a siete días de las licencias de vacaciones y por enfermedad y la eliminación de las protecciones contra el despido injustificado, una reducción promedio de sobre 10% en los pagos de pensiones, etc. En la UPR, por ejemplo, la Junta quiere imponer un abusivo aumento en la matrícula a los estudiantes que casi triplica el costo por crédito y lo impone a rajatabla de manera casi inmediata. El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico está bien administrado, es viable bajo su esquema actual, y está gestionado responsablemente. Sin embargo, la Junta quiere imponer reducciones drásticas en los pagos a los pensionados, eliminar el principio primordial de beneficios definidos, y hacer otros cambios que a la larga harán que el sistema sea inviable, lo cual es irracional.

La mano dura de la austeridad de la JCF se ha practicado en otras partes del mundo como España o Grecia.

Hay que encuadrar estas recetas ideológicas desde una óptica de derechos humanos. Amnistía Internacional (AI) acaba de publicar esta semana en Londres un informe que evalúa el impacto de medidas de austeridad como las de Grecia, Puerto Rico, y España sobre el derecho a la salud, basándose en este último caso. El informe de AI encontró que el conjunto de las medidas de austeridad impuestas en España desde el 2008 han deteriorado el acceso al pleno derecho a la salud de sus ciudadanos, teniendo un efecto desproporcionado sobre las personas de bajos ingresos, personas mayores, y personas con condiciones crónicas.

¿Pero qué tienen que ver las medidas de austeridad con los derechos humanos? Dice AI que las medidas de austeridad típicamente dictaminan reducciones en el gasto público y en el estado de bienestar. Estos usualmente tienen un efecto devastador en el disfrute de derechos sociales, económicos, y culturales. Las organizaciones de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han desarrollado directrices para que las medidas de austeridad sean desarrolladas en consonancia con las obligaciones de los estados de respetar los derechos sociales, económicos, y culturales: incluyendo la protección de una serie de derechos mínimos y la participación efectiva de los grupos e individuos afectados en la toma de decisiones. De acuerdo a estas directrices los planes de austeridad deben ser: de corta duración, legítimos y orientados a proteger la totalidad de los derechos humanos, absolutamente necesarios cuando no hay más alternativas, razonables, proporcionados, no discriminatorios contra ningún grupo social, y deben proteger el contenido central de los derechos económicos, sociales, y culturales. Hasta ahora, la Junta de Control ha ignorado estas directrices.

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