Julio Fontanet

Tribuna Invitada

Por Julio Fontanet
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La justicia no puede caducar

El proyecto 1379 de la Cámara de Representantes presentado por Johnny Méndez y Enrique Meléndez, y aprobado por unanimidad en la Cámara y el Senado, pretende garantizar que un inocente siempre tenga la oportunidad de probar su inocencia mediante evidencia biológica en poder del estado con el propósito de extraer ADN y compararlos con el suyo. De esa manera podrá probar inequívocamente que fue encontrado culpable injustamente.

Todo ordenamiento de justicia penal tiene que proveer los mecanismos para que un reclamo de inocencia pueda ser escuchado. No puede ser de otra forma. Sería una soberbia mentira y un acto de gran irresponsabilidad afirmar que los procesos judiciales son perfectos y que en nuestras cárceles no hay personas inocentes y erróneamente convictas.

Esto último es inevitable. En todo sistema de justicia que sea manejado por seres humanos, indefectiblemente se van a cometer errores, no importa la probidad de sus participantes. Es precisamente por lo anterior que, aunque la persona haya sido encontrada culpable, debe tener la oportunidad de probar su inocencia, de surgir nueva evidencia que no pudo ser presentada en el juicio.

La iniciativa de los dos legisladores surgió como consecuencia de un reportaje publicado en este diario que destacó que un panel del Tribunal de Apelaciones había resuelto —a petición del Procurador General— que la ley tenía un término de caducidad de un año. Si bien es cierto que dicha interpretación era inconsistente con el historial legislativo de la ley y con el recuerdo de todos los legisladores que en el 2015 participaron de ese proceso, una interpretación literal y aislada de una oración de la referida ley permitía esgrimir dicho argumento.

Al otro día de la publicación acontecieron tres cosas fundamentales. La primera consistió en un clamor masivo de varios sectores del pueblo preocupados e indignados con la posibilidad de que la ley hubiera caducado. Paralelamente, legisladores que participaron en la aprobación de la ley reiteraron que en ningún momento pretendieron que la ley tuviera vigencia tan solo por un término fijo. Finalmente, y en menos de 24 horas de publicado el artículo en este diario, ya los dos legisladores mencionados habían presentado un proyecto de ley clarificando y enmendando la ley a los fines de que no existiera duda de que el estatuto permite a personas convicta erróneamente acceder a la evidencia biológica en posesión del estado para poder extraer el ADN y realizar las comparaciones correspondientes. Dicha iniciativa fue avalada por todos los legisladores y contó también con palabras de apoyo del gobernador, por lo que no tenemos duda de que firmará el proyecto.

El Proyecto Inocencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana —que ya ha presentado durante la vigencia de ley tres peticiones en las que se involucran seis personas convictas erróneamente— tiene el deber de reconocer la diligencia y sensibilidad de los legisladores por la forma y manera tan eficiente con la que manejaron este asunto. Con la misma energía que criticamos legislación que pueda ser desafortunada o que no sea en beneficio del pueblo, en esta ocasión sería mezquino no reconocer el acierto en la aprobación de este importante proyecto de ley.

No tengo duda de que nuestro proceso penal es más justo gracias a la aprobación de esta enmienda. Nadie puede ser indiferente ante la probabilidad de que personas inocentes estén cumpliendo la sentencia de un asesino o de un agresor sexual que continúa impune y libre en la comunidad. Tengamos presente que mediante estas pruebas no meramente se le hace justicia al inocente sino que, por otro lado, se habrá obtenido el ADN del verdadero culpable.

Como sociedad, tenemos siempre que garantizar que no existan obstáculos para hacer justicia porque ésta no puede caducar jamás.

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