Carlos I. Gorrín Peralta

Punto de vista

Por Carlos I. Gorrín Peralta
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La legalidad de Promesa y la Junta

Desde que los Estados Unidos nos invadieron hace 121 años, la Corte Suprema federal no ha invalidado una ley congresional dirigida a Puerto Rico. Sí han invalido leyes de la Asamblea Legislativa contrarias a la Constitución o leyes de los Estados Unidos, pero nunca una ley federal. Ha prevalecido siempre el poder plenario del Congreso bajo la cláusula territorial.

Ante la Corte Suprema de los Estados Unidos hay ahora un caso en que se ha cuestionado la composición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la ley federal Promesa. La Corte de Apelaciones decidió que la composición es inválida por no cumplir con lo que dispone la Constitución para los nombramientos de funcionarios federales, que requieren nominación por el presidente y confirmación por el Senado federal. Los demandantes —bonistas y la UTIER— alegaron que, por ser ilegal la composición de la Junta, habría que invalidar las decisiones tomadas durante tres años. Sin embargo, aunque la Corte concluyó que la composición es inconstitucional, aplicó una doctrina que validó las decisiones de la Junta. Ahora la Corte Suprema deberá resolver si la composición de la Junta es constitucional, y de no serlo, si las acciones de la Junta han sido válidas.

Según la doctrina de los Casos Insulares, Puerto Rico no es parte de Estados Unidos, sino una posesión a la que no aplican todas las disposiciones de la Constitución; solo aplican las que garantizan derechos fundamentales y las que el Congreso extienda. Por ejemplo, en 1901 la Corte decidió que no sería aplicable la cláusula que dispone que los impuestos federales deben ser uniformes en todos los Estados Unidos, porque la Ley Foraker de 1900 había creado un impuesto no uniforme. Es decir que, al legislar sin ajustarse a una disposición constitucional, el Congreso implícitamente dispone que esa cláusula no aplica a Puerto Rico. Por supuesto, eso es una barbaridad que violenta principios elementales del constitucionalismo moderno; el Congreso es criatura de la Constitución y no debería legislar fuera de los límites que esta le impone. Pero esa ha sido la doctrina vigente desde 1901, y bajo la cual el Congreso aprobó Promesa.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones no siguió esa ruta. Sentenció que ningún poder congresional se puede ejercer en violación de otras cláusulas constitucionales. Validar esta determinación modificaría la doctrina centenaria de los Casos Insulares, limitando las facultades del Congreso para legislar sobre Puerto Rico. Si todas las disposiciones son aplicables, ya no sería correcto que la Constitución no aplica ex proprio vigore en un territorio no incorporado que no es parte de los Estados Unidos, y podría desaparecer la distinción entre territorios incorporados y no incorporados, destinados los primeros a convertirse en estados, y los segundos, a no serlo.

¿Estará la Corte Suprema en disposición de provocar estas consecuencias políticas de su decisión? ¿Debe ejercer su autoridad para disponer que Puerto Rico debe convertirse eventualmente en estado, casi pretendiendo imponerle al Congreso la obligación constitucional de admitirlo como estado? Más aun, ¿debe decidir eso sin que el pueblo de Puerto Rico haya tomado claramente esa decisión política?

Eso nos trae a otra dimensión distinta de este caso. Uno puede analizar la legalidad de Promesa y la Junta desde diversos ángulos del derecho constitucional estadounidense, pero sea cual sea la decisión en este caso —validar o invalidar la composición de la Junta— el problema central sigue sin resolver. La ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal son la máxima expresión del colonialismo, en violación del derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación. La discusión de si la decisión debe ser una u otra encubre el verdadero problema: el continuado ejercicio ilícito de la soberanía de los Estados Unidos sobre nosotros. Lo que se impone es exigir del Congreso que cumpla con su obligación legal de promover la libre determinación y el fin de la territorialidad colonial.

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