Mario Marazzi Santiago

Tribuna Invitada

Por Mario Marazzi Santiago
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La ley isleña de datos abiertos

La provisión de información y datos es un servicio público esencial. 

Hace tres años, en Puerto Rico funcionó un servicio móvil que notificaba por mensaje de texto si tu vecindario perdía luz. Dicha herramienta funcionaba con un conjunto de datos que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debía actualizar continuamente y publicar en un formato abierto y legible por computadoras. Tristemente, el servicio se tuvo que descontinuar porque la AEE descontinuó la actualización de este conjunto de datos. ¡Que útil hubiera sido poder contar con esta herramienta en 2017!

Este es solo un ejemplo de muchos que, con la tecnología disponible, son posibles desde hace años para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños mediante el uso de los datos abiertos y sin incurrir en gastos gubernamentales adicionales. Podríamos divulgar datos abiertos sobre las plantas de tratamiento de aguas que pudieran no estar funcionando para crear un servicio parecido que envíe una notificación para que le recuerde hervir el agua en su casa antes de tomarla.

Podríamos aprovechar las antenas ya existentes en todas las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses para proveer datos abiertos sobre la localización exacta de cada guagua en tiempo real para facilitar la vida de los pasajeros. Podríamos divulgar datos abiertos sobre los permisos de construcción que faciliten la inclusión de Puerto Rico en los análisis de bienes raíces que realizan plataformas mundiales, como Zillow.com, y así exponer nuestros bienes raíces a un mercado mundial.

Los datos abiertos también ayudan a la administración pública a ser más costo efectivo, incluso en la detección de fraude. Así lo constató la Oficina del Contralor Electoral en 2016, cuando abrió sus datos sobre los donativos políticos y de esa manera reclutó la ayuda de toda la ciudadanía en identificar donativos fraudulentos.

Sin embargo, seríamos ingenuos si pensáramos que las entidades gubernamentales, y sus proveedores de programación y tecnología, van a implantar estas nuevas tecnologías y estas nuevas maneras de trabajar y de compartir datos por su cuenta. Todo lo contrario. Tanto entre las entidades gubernamentales, como entre sus proveedores, permea la idea de que si se liberan los datos se pierde una oportunidad comercial de generar ingresos o la idea de que la imagen de la entidad gubernamental se afecta por divulgar datos imperfectos.

Para lograr estos adelantos, se requiere un esfuerzo concertado de un grupo de trabajo del más alto calibre con las facultades que en ley se requieren para lograr liberar los datos de las agencias por primera vez en formatos abiertos. En Estados Unidos, para liderar estos esfuerzos se ha planteado la creación de la figura del “Chief Data Officer”.

Recientemente, el Senado aprobó el Proyecto 236 para establecer la Ley de Datos Abiertos de Puerto Rico, a los fines de establecer como principio de política pública el libre acceso a los datos de los organismos gubernamentales y la obligación de divulgar sus datos en un formato legible por máquina, y crear el cargo de Principal Oficial de Datos (“Chief Data Officer”), entre otros.

La medida constituye una reorganización de ciertas responsabilidades y deberes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que históricamente no ha podido rendir de manera efectiva.

El camino para la aprobación de esta pieza legislativa es largo y lleno de obstáculos. La medida no es perfecta, pero sin dudas la aprobación por parte del Senado representa un importante avance.

Confiamos que en el transcurso del correspondiente análisis legislativo, las enmiendas que se le introduzcan inclinen la balanza aún más hacia favorecer la transparencia y la apertura de la información pública.

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