Jorge Farinacci Fernós

Punto de vista

Por Jorge Farinacci Fernós
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La libertad de expresión y la emergencia

Estamos en un estado de emergencia; no bajo la ley marcial, la que solamente se puede declarar “cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas” (Sec. 4, Art. III Constitución de Puerto Rico). Actualmente en Puerto Rico no hay peligro inminente de rebelión o invasión que atente contra la seguridad pública. Un estado de emergencia no faculta al gobierno a suspender los derechos constitucionales; solamente permite al Estado tomar medidas para proteger la salud pública que, a no ser por la emergencia, no podría adoptar. 

A esto debemos añadir que, en nuestro sistema, la Rama Ejecutiva no posee poderes legislativos inherentes, entiéndase, la potestad de adoptar medidas de aplicación general que generen obligaciones o derechos. El Ejecutivo solamente hacer esto cuando ello le es expresamente delegado por la Legislatura. 

En casos de emergencias, la Legislatura aprobó una ley que otorga ciertos poderes a la gobernadora, incluyendo algunos de naturaleza cuasi-legislativa, a ser ejercidos mediante órdenes ejecutivas.

Ahora bien, cuando la gobernadora ejerce estos poderes, debe observar dos importantes limitaciones. Primero, debe ceñirse a lo legislado por la Asamblea Legislativa. Es decir, la gobernadora no puede hacer lo que le plazca; debe actuar dentro del marco establecido mediante estatuto. Segundo, no puede violar los derechos constitucionales.

Indudablemente, durante una emergencia se pueden tomar medidas que limitan el ejercicio de ciertos derechos constitucionales en beneficio del bien común; en este caso, la salud pública. En nuestro ordenamiento, estas limitaciones tienen que estar sustancialmente relacionadas a la emergencia particular y no deben prohibir más de lo necesario. 

Esto aplica a la libertad de expresión. Esta no queda suspendida por la declaración de un estado de emergencia. Claro está, su ejercicio no puede poner en peligro la salud pública.

Este viernes 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Si algo hemos aprendido durante esta crisis es que son los trabajadores lo que permiten que algunos, aunque tristemente no todos, tengamos luz en nuestras casas y comida en la nevera, y son quienes más riesgo de enfermarse tienen. También tienen derecho a protestar. En esta ocasión, en un ejercicio de responsabilidad y solidaridad, las manifestaciones se han hecho a través de caravanas con vehículos particulares. Esto minimiza el riesgo a la salud.

Se dice que este tipo de manifestación no está permitida por la orden ejecutiva de la gobernadora. Lo que olvidan es que está autorizada por la Constitución.

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