Pamela Bernard Boígues

Punto de vista

Por Pamela Bernard Boígues
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La lucha por alquileres dignos y el derecho a la ciudad

Tener una vivienda adecuada es parte del derecho humano a un nivel de vida adecuado e incluye el derecho a vivir seguro, en paz y en dignidad en alguna parte. Lamentablemente, la llegada de la pandemia y sus múltiples consecuencias amenazan más que nunca el derecho a la vivienda de las personas, incluyendo aquellas que viven alquiladas. 

El gran número de ciudadanos que solicitaron desempleo, asistencia nutricional y otros beneficios sociales demuestra las consecuencias económicas adversas del COVID-19. Por consiguiente, no es sorpresa que ya muchos inquilinos están enfrentando problemas para pagar las rentas de sus viviendas y, en consecuencia, están en riesgo de perder sus hogares. 

Ante este panorama, vale la pena aclarar que el CARES Act estableció moratorias en desahucios por incumplir con el pago de renta para los residentes de vivienda pública y de programas financiados por el Departamento de Vivienda Federal. De igual modo, la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) aprobó una prórroga en los pagos de rentas para residentes del Programa de Comunidades Especiales. No obstante, los residentes que viven alquilados y no son parte de la vivienda pública, programas de vivienda federales o del Programa de Comunidades Especiales, están totalmente desprotegidos. Precisamente, esas personas son las que corren el peligro de ser lanzadas a la calle a través de acciones de desahucio en su contra por no poder pagar los cánones de arrendamiento. Si se le puede llamar suerte, lo único que salva a los inquilinos que no han podido pagar la renta de perder su vivienda es que la Rama Judicial decidió no celebrar vistas de desahucio hasta el 25 de mayo de 2020. A partir de esa fecha, y a falta de políticas públicas que proporcionen a los inquilinos opciones para hacer frente a las dificultades para pagar sus rentas, los pronósticos son decepcionantes. 

Ante tal situación, urgen estrategias para garantizar el derecho a una vivienda digna durante tiempos de desastres. Reconocer el derecho a la ciudad sería ideal como respuesta a esta problemática. El Derecho a la Ciudad, definido en un modo sencillo, es el derecho colectivo a habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles. Visualizar el derecho a la vivienda a través del derecho a la ciudad cambiaría el paradigma de la vivienda como derecho individual de cada persona hacia un derecho de la colectividad. Ello supondría que, ante cualquier medida que adopte el gobierno con respecto a alquileres y desahucios, estaría presente el deber de subordinar el derecho a la propiedad privada al derecho de las personas a tener acceso a una vivienda digna. 

Ciertamente, la crisis a nivel mundial por el COVID-19 expone el carácter colectivo de las ciudades y el derecho de las personas a tener una vida plena y digna en las mismas. En estos momentos, si las personas que alquilan no pueden retener sus viviendas por problemas económicos y se quedan en la calle, más allá de la imposibilidad de guardar el distanciamiento social recomendado para proteger su salud, las consecuencias son múltiples y severas. Se trata de que aquellos seres humanos que se queden en la calle por no pagar las rentas mensuales de sus hogares no tendrán la oportunidad de vivir dignamente.

Si hay algo que debemos aprender de la pandemia es que la vida y las personas van por encima del lucro. 

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