Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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La mera pregunta ofende

Un o una periodista le pregunta a la esposa de un candidato a la gobernación que por qué utilizaba su apellido de soltera y no el apellido de su marido, según lo hacía la esposa de otro candidato. No sé la cara que puso la entrevistada, pero la puedo imaginar por su respuesta de mujer inteligente: que usa los apellidos que le dieron su papá y su mamá, para honrarlos. De haber conocido algo de Derecho pudo haber añadido que hubo una época en la que el artículo 94 del Código Civil disponía que la mujer casada llevara el apellido del marido, pero que fue derogado en 1985.

Ese artículo 94 procedía del Código Civil español, extendido a Cuba y Puerto Rico por real decreto en 1889. El Código español, a su vez, provenía del Código Napoleónico de 1804. Se trataba de códigos que recogían los valores sociales del siglo XVIII. Es evidente, por tanto, que las leyes de Puerto Rico siguieron arrastrando esa rémora en que la ubicación de la mujer en su relación matrimonial era de completa subordinación al marido; un estado de derecho en el que ella era una “socia de segunda clase”. Por eso mi madre se firmaba “de Sánchez”, pero mi padre no lo hacía con “de Martínez”. En esa época, el hombre mandaba y la mujer obedecía.

Nuestra legislación, en materia de derechos personales, era el reflejo de la España que nos dio ese Código, una España —desde nuestro moderno punto de vista— conservadora, machista y católica en la que los roles y los derechos del hombre y la mujer estaban desigualmente definidos. A tenor de esos códigos, el marido era el administrador y representante de la sociedad de bienes gananciales, con exclusión de la mujer. De hecho, la mujer no podía demandar en un tribunal de justicia si el marido no la representaba. En ese sentido, la mujer recibía el mismo tratamiento jurídico que los menores y los locos. Y a nadie ofendía.

Entonces la década de 1970 trajo para la mujer algo más que minifaldas: la concien­tización sobre la igualdad de los sexos, la necesidad de que no se discriminara más contra el ser humano nacido mujer. Ese feminismo, con los años, generó, a su vez, en Puerto Rico y el mundo otros modelos antidiscriminatorios de los que fuimos no solo testigos, sino partícipes. En 1976, la Asamblea Legislativa dio paso a una reforma de las instituciones de la familia, entre ellas la de la sociedad de bienes gananciales durante el matrimonio.

En la letra de la ley, la mujer dejó de ser la subordinada del marido y ascendió a un plano de igualdad en materia de administración y representación de la sociedad de gananciales. Aun así, permaneció en el Código el requerimiento de que la mujer casada llevara el apellido del marido. Quizás porque la portaestandarte de esa legislación de beneficio para la mujer —la legisladora Olga Cruz “de Nigaglioni”— consideró superflua la cuestión, pero alguien con mejor tino logró su eliminación en 1985.

A partir de entonces, la utilización del apellido del marido —por sustitucióno añadiéndolo como coletilla precedida de la preposición “de”— se convirtió en un simple anacronismo. De ahí que, desde 1985, la mujer que usa el apellido del marido está utilizando realmente un seudónimo, no su nombre legal. ¿Que puede parecer “romántico”? Tal vez, pero no deja de ser por eso una incoherencia con el estado moderno del derecho que procura la igualdad y la protección de la dignidad del ser humano.

Que sepa el o la periodista que hizo la pregunta sobre este asunto del apellido del marido que hace tiempo que superamos la visión de que la mujer era un mero apéndice o una “posesión” del marido. Y que la mera pregunta sobre el no uso del apellido del marido, ofende.

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