Benjamín Torres Gotay

LAS COSAS POR SU NOMBRE

Por Benjamín Torres Gotay
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La misma piedra

“Lo que fue, eso será y lo que se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo bajo el sol”. He ahí un verso bíblico, correspondiente al capítulo 1, versículo 8, del libro del Eclesiastés, para los aficionados a tales vueltas, que cae como guante de seda en mano suave a la situación que atestiguamos esta noche al oír la propuesta de reforma educativa del gobernador Ricardo Rosselló.

Eso no es malo ni nada debe descartarse porque no sea nuevo. Por el contrario, ayuda el bagaje que ya tenemos atendiendo estos asuntos para ver por dónde es que viene la cosa y a qué tiene que estar el país pendiente para no terminar, como tantas otras veces, saliendo trasquilado habiendo ido por lana.

Del polvoriento baúl de la historia sacó el gobernador la propuesta de los vales educativos.

En el 1993, cuando la principal preocupación de Ricardo Rosselló era, quizás, el acné de adolescente, su padre, el entonces gobernador Pedro Rosselló, voluntarioso como pocos se han visto aquí, empezó a embestir desde distintos ángulos con la misma propuesta, y hasta con el mismo nombre, “Ley de Oportunidades Educativas”, para tropezar siempre con la misma piedra.

Lo que quería el primer Rosselló, y el segundo ahora, es que el gobierno dé dinero en forma de vales a personas particulares para que matriculen a sus hijos en escuelas privadas.

Esa piedra grande con la que tropezó el Rosselló de antes se llama Constitución de Puerto Rico, venida a menos desde Promesa para acá, pero que establece, en su sección 4, que “no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del estado” y en la sección 9 que “solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado y en todo caso por autoridad de ley”.

Aquella vez, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó inconstitucional la ley, que ya estaba en vigor beneficiando a niños de carne y hueso, que tuvieron que volver con el mismo amor a la escuela pública de la que se habían creído liberados para siempre. El Rosselló de antes se quedó con esa espinita bien clavada en el corazón y trató de pasar la propuesta camuflajeada de varias otras maneras, pero siempre fracasó. Hasta el final de su mandato en el 2000 estuvo tratando sin éxito de darle paso a alguna versión de su idea de los vales. 

Algunas cosas son diferentes ahora. La Constitución es la misma. Las escuelas públicas siguen siendo el cuco de los que añoramos un país mejor, por tantos años de fracasos y promesas incumplidas. Pero, hay un nuevo Tribunal Supremo. En el 1994, cuando se declaró inconstitucional la ley, la mayoría de los jueces del Supremo habían sido nombrados por gobernadores afiliados al Partido Popular Democrático (PPD). Ahora, lamayoría es de jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Por más que nos duela a los que añoramos una justicia libre de colores, ese es un factor muy importante.

Lo que un día se interpreta de una manera, al siguiente puede interpretarse de otra totalmente distinta, sobre todo si quienes dirimen tienen visiones de mundo más o menos diferentes, como parece ser el caso aquí. Hay que esperar, también, cómo específicamente se plantea la propuesta ahora, si hay algo que haga pensar que se aprendió la lección de hace 24 años o si simplemente se está apostando a que la nueva mayoría en el Supremo encuentre bueno lo que la anterior encontró malo.

Se tiró esta noche también el gobernador la propuesta de crear escuelas chárter, de la que también se puede uno preguntar, como en el Eclesiastés, “¿hay algo de lo que se pueda decir: mira, esto es nuevo?”. Las chárter son un modelo, muy popular, pero también muy controversial en Estados Unidos, para que el Estado encargue a organizaciones privadas la administración de ciertas escuelas.

En Puerto Rico, ese modelo existe, aunque sin fanfarria, con varias organizaciones sin fines de lucro, entre éstas el Centro Tao de Ricky Martin en Loíza, la Universidad Interamericana y la organización Nuestra Escuela, que administran escuelas especializadas en desertores escolares. Según toda la información que se tiene, esas organizaciones han hecho un buen trabajo.

Lo que el gobernador propone es expandirlo a toda escuela y todo programa y ahí es que se siente el viento soplando ominoso como en las películas de terror y haciendo a uno temblar. 

Puerto Rico tiene experiencias terribles, espantosas, de horror, con empresas privadas, con o sin fines de lucro, metiendo la mano en el descomunal botín de fondos públicos que hay en el Departamento de Educación. Lo vimos, sobre todo, en el negociazo de las “tutorías”. En ese negocio se metió cuanta empresa y personaje siniestro uno se pueda imaginar y se hartaron de cientos de millones de dólares, sin ningún resultado que se pueda demostrar.

Por ese hoyo se fueron nada más y nada menos que $1,000 millones en una década.  Se vieron casos de empresas atosigándose de niños a los que no podían atender solo para cobrar. Más de uno terminó vestido de anaranjado por eso.

En Estados Unidos ha habido casos similares con las escuelas chárter. Sería muy triste que una idea que no puede ser descartada de antemano, que ha probado ser beneficiosa en algunas instancias, termine en manos de inescrupulosos de esa calaña. Ese es un riesgo que no podemos corrernos.

No hay tarea más urgente para Puerto Rico que reformar de verdad su educación pública. Por donde quiera que se le mire, por ahí empiezan todos nuestros problemas y de ahí pueden surgir las verdades que nos levanten del pantano de lamediocridad y la pobreza, hacia el futuro glorioso que merece este país. Lo necesitábamos ayer, lo necesitamos hoy lo vamos a necesitar mañana.

Lo que no necesitamos, ni podemos permitir, es que nos sigan robando y haciendo festín con nuestra desgracia. 

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