Kenneth Rivera Robles

Punto de vista

Por Kenneth Rivera Robles
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La odisea del plan fiscal

Kenneth Rivera

La semana pasada la Junta de Supervisión Fiscal publicó el plan de ajuste para modificar la deuda. A continuación discutiremos algunos puntos de dicha propuesta.

Ajuste Propuesto

La deuda de Puerto Rico (excluyendo las pensiones) asciende a $72,000 millones. El plan propone pagar $38,000 millones. Esto quiere decir que Puerto Rico solo pagará el 53% de la deuda emitida originalmente con un recorte (conocido como “haircut”) de 47% que no será pagada.

El plan hizo recortes sustanciales a las emisiones de deuda hechas después del 2011 pues fue clasificada como deuda extra-constitucional por el estudio de Kobre & Kim (2018). También sufrieron recortes sustanciales 96% de las deudas no aseguradas en exceso de $10,000.

En el caso de los pagos de pensiones, la deuda asciende a unos $50,000 millones. Aquí la propuesta es hacer unos recortes de hasta 8.5% a los pensionados que reciban más de $1,200 mensuales (o $14,400 anuales). De acuerdo al plan, 60% de los pensionados reciben menos de dicha cantidad y por lo tanto no serían afectados. Si el ajuste máximo de 8.5% aplica a 40% de los pensionados el recorte en las pensiones sería de 3.4%. El asunto de las pensiones es uno de los más críticos. A diferencia de otras personas, a los pensionados le estamos cambiando las reglas de juego al final cuando sus alternativas están bastante limitadas. Otro problema es que los maestros y policías no cotizaban para el Seguro Social. Esto es así pues la Sección 218 de la Ley de Seguro Social federal provee que el gobierno estatal pueda entrar en acuerdos con el Seguro Social para eximir que algunos empleados participen en el programa federal si hay un programa equivalente local. Desde el 1 de julio de 1952 estos empleados no cotizaban pues se supone su plan de retiro les proveería los recursos necesarios. Finalmente, resulta sumamente lamentable que 60% de nuestros pensionados reciban $14,400 anuales. Para el 2019 el umbral federal para el nivel de pobreza es de $12,490 para personas que viven solas y $16,910 para hogares con dos personas. Nuestros pensionados del servicio público están prácticamente en esa categoría.

El plan reduce el pago de deuda anual de $4,200 a $1,500 millones. El Artículo 6, Sección 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado provee que el servicio de la deuda (principal más interés) no puede ser mayor que 15% de las rentas anuales generadas por el gobierno. Esta limitación no estaba en el texto original de la Constitución y fue incluida mediante una enmienda en el 1961. El plan determina que el pago de la deuda es 9% de dichas rentas anuales. Esto ha traído un poco de confusión pues el Fondo General se nutre de las contribuciones pagadas de unos $9,500 millones y $1,500 millones sería más del 15% de dicho fondo. Lo que ocurre es que el cómputo hecho por el plan incluye también como ingresos $7,000 millones de ingresos propios (de servicios por los que el estado cobra) y $1,000 millones deotros ingresos. Si sumamos esas tres cantidades llegaremos a un poco más de $17,000 millones y de ahí es que surge el 9%.

Puerto Rico vs. otras jurisdicciones

Sebastian Edwards publicó en el 2015 un artículo para el National Bureau of Economic Research titulado “Sovereign Default, Debt Restructuring and Recovery Rates”. En este artículo analiza los recortes en 180 países y encontró recortes que van desde 5% hasta 95% de la deuda. De acuerdo al artículo el recorte promedio fue de 37%.

Para esa fecha el recorte de Argentina había sido de 75% y el de Grecia de 64%. En el caso de Detroit (recuerden que los estados no se acogen a la ley de quiebras) el recorte promedio fue de un 37% en general incluyendo 18% en las pensiones.

Retos y futuro del plan fiscal

El plan propuesto tiene una serie de retos para poder cumplirse. El primero y seguramente el más importante es si realmente podemos pagar $1,500 millones anuales de servicio de la deuda. Hay personas que han estudiado el tema y dicen que nuestra capacidad de pago de deuda está limitada a unos $500 millones anuales. Si esto fuera así el plan se quedaría corto y serían necesarios recortes adicionales. Si dichos recortes requieren reducir asignaciones hechas a actividades críticas como salud, seguridad y educación o a pagos de pensión el efecto sería sumamente detrimental.

También habría que ver si las proyecciones de recaudo, crecimiento económico y nivel de deuda que el plan provee son alcanzadas. Uno no puede dar lo que no tiene y si no se alcanzan los recaudos o se emite más deuda, será sumamente difícil cumplir con el plan.

Finalmente, resulta ahora necesario que el tribunal apruebe el plan. Para esto tienen que ocurrir dos cosas. Primero, el plan tiene que ser económicamente viable. Además tiene que ser la mejor alternativa para los acreedores. Tenemos que esperar a que las partes afectadas y los acreedores se expresen para saber si en efecto se cumplen con estos requisitos y si Puerto Rico cuenta con un plan de ajuste aprobado.

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