Sonia Ivette Vélez Colón

Punto de Vista

Por Sonia Ivette Vélez Colón
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La Orden 2020-023: derechos fundamentales y acceso a la justicia


El toque de queda es una medida gubernamental que, en circunstancias excepcionales, prohíbe el tránsito o permanencia en las calles durante determinadas horas.  Luego de considerar expresiones de expertos que han alertado sobre la inexistencia y la necesidad de una medida legislativa para regular el toque de queda como el establecido por la Orden Ejecutiva 2020-023, es necesario reflexionar sobre los derechos humanos a la luz de la realidad de su vigencia.

El toque de queda se implementó sin establecerse un procedimiento para su aplicación.  Esa aseveración se hizo evidente ante las innumerables explicaciones que hemos recibido para entender su alcance. Más allá de la confusión inicial creada, por grandes razones de seguridad y emergencia nacional salubrista, acatamos la misma.  Este virus lo paramos todos.

Ahora, el toque por excepción es una situación que restringe el horario y el derecho de las personas para circular libremente y la libertad de reunión; no restringe los restantes derechos fundamentales, los derechos civiles y demás derechos contenidos en nuestra Carta de Derechos y en legislación. Estos están amparados en la inviolabilidad de la dignidad de los seres humanos. Los derechos fundamentales asegurados por la Constitución permanecen vigentes. Son libertades, prerrogativas y condiciones de vida de todos los puertorriqueños, son personales, oponibles frente al Estado. Si hay violaciones a ellos son los tribunales los que ostentan la competencia para dilucidar las controversias que al amparo de tal situación se puedan presentar.

La Policía no puede extralimitarse en sus funciones al poner en vigor la Orden, ni en ningún otro proceso durante esta coyuntura.  Por ello, si un ciudadano es detenido bajo el fundamento de su violación o por alguna otra consideración, tiene derecho a recibir trato digno, que se le informe con especificidad por qué es detenido, derecho a guardar silencio y a un abogado.  No puede ser discriminado por razón de raza, color, sexo, nacionalidad, origen o condición social. Tiene derecho a la igual protección de las leyes. Se mantiene la prohibición de los arrestos irrazonables, la protección contra allanamientos irrazonables de la morada, los ataques abusivos a la honra y a la reputación de las personas.

Es imprescindible, además, la atención de los más vulnerables. En este tiempo de distanciamiento social debemos estar atentos al estado de ellos.  Estemos pendientes al trato de nuestras mujeres, niños y niñas, del maltrato a nuestro adulto mayor, de los sin techos, de las personas con problemas de salud mental, de la población LGBTTQ, de los confinados y confinadas, de los discapacitados. 

Precisa señalar, que el sistema de tribunales, a pesar del cierre durante este periodo, examinará asuntos nuevos urgentes. Los jueces y juezas atenderán las vistas de causa para arresto, solicitudes de rebajas de fianzas, órdenes de protección a favor de una persona víctima sobreviviente de violencia doméstica, agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual, incesto o acecho, así como a favor de una persona de edad avanzada o de una persona menor de edad, solicitudes de traslado de menores, solicitudes de remoción de menores, solicitudes de autorización de tratamientos médicos de emergencia para menores o incapacitados, otros asuntos urgentes que pudieran surgir en casos de relaciones de familia y menores, órdenes al amparo de la Ley de Salud Mental y recursos extraordinarios.  

Estamos distanciados, no aislados.  Hay que proteger al país, seamos solidarios para que sigamos siendo el mismo gran Puerto Rico, cuando regresemos a la nueva normalidad.


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