Luis Sánchez Betances

Punto de Vista

Por Luis Sánchez Betances
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La Orden Ejecutiva 2020-036 viola la separación de poderes

Como sucede muchas veces en nuestra querida isla, y ahora más por las facilidades que la tecnología nos da, al publicarse la Orden Ejecutiva 2020-036 surgieron todas las teorías y conspiraciones de lo que se pretende con esta. Teorizaron que era para proteger a los miembros del Task Force. Nada más lejos de la realidad. Esa Orden no tiene nada que ver con el trabajo del Task Force, que, como tal, no presta servicios médicos clínicos a pacientes. El objetivo de la Orden es darle inmunidad a médicos y hospitales por acciones negligentes en la prestación de un servicio médico a un paciente, es decir, por malpractice médico. Fin que podría justificarse en una crisis en la prestación de servicios. Así ha ocurrido con los médicos en las instalaciones públicas o con ciertas especialidades.

El problema no reside ahí. La Orden Ejecutiva, en mi opinión, es inconstitucional. El derecho de daños y perjuicios en Puerto Rico está predicado en el artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico. La gobernadora no puede enmendar una ley mediante una orden ejecutiva, mucho menos privando de derechos constitucionales como el debido proceso de ley. Es una clara violación a la separación de poderes. Las leyes las promulga o enmienda la Asamblea Legislativa, a veces por encima del veto de quien fuese gobernador(a).

Más aún, ni siquiera la legislatura tiene el poder de derogar o enmendar una ley federal. En este caso la que se conoce como EMTALA – Emergency Medical Treatment and Labor Act, que aplica a las salas de emergencias de los hospitales y a estos cuando de atender y transferir pacientes, incluyendo mujeres de parto, se trata. EMTALA se promulga para asegurar que una persona que llega a una sala de emergencia reciba el tratamiento que su condición amerita, irrespectivamente de si tiene dinero o seguro con qué pagar la atención. Hace responsables a las instituciones, no a los médicos, por actos relacionados con el cernimiento y estabilización del paciente, y la transferencia o alta de pacientes sin estar estables, así como la atención a mujeres en procesos de parto. Esa ley ocupa el campo y la Asamblea Legislativa no puede tocarla, mucho menos la gobernadora.

No me parece apropiado entrar en las definiciones y actos que la Orden pretende cubrir puesto que, como dije, es una acción gubernamental nula y sin efecto. Amerita, no obstante, y para beneficio de los que creen en las conspiraciones, aclarar que lo que en la Orden se pretende regular no tiene nada que ver con la inmunidad en un proceso criminal que un fiscal o la legislatura pudiera concederle a un testigo. 

En el plano personal, lamento mucho que en las circunstancias que vive nuestro pueblo con motivo del flagelo que representa el COVID-19, donde decenas de personas han fallecido y miles de otras están contagiadas, tengamos que exponernos a lo que sucede en la Cámara de Representantes y en La Fortaleza. Todo ello lo que hace es añadirle angustia e incertidumbre a lo que ya padecemos con motivo de la pandemia y la evidente crisis económica que atravesamos. El momento es de unir fuerzas, concentrarse en administrar las pruebas, darle seguimiento de contacto a los contagiados y proveerle la mejor atención médica a todo el que acuda a las instalaciones de salud en el país.

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