Luis A. Pérez Vargas

Punto de vista

Por Luis A. Pérez Vargas
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La participación municipal en momentos de crisis

La mayoría de los puertorriqueños en algún momento se ha preguntado, ¿cómo alcanzar un crecimiento en el desarrollo económico, que a su vez redunde en un desempeño gubernamental digno y en el fortalecimiento de la democracia? Los proyectos que hemos explorado y desarrollado como país, encaminados a esa dirección democrática, han sido diversos. Esa diversidad responde al desarrollo cultural, tecnológico y multisectorial que conlleva transformar positivamente la vida y sus entornos. Históricamente los municipios han sido una fuente de ayuda y servicio directo a sus vecinos. Dado a nuestros límites geográficos, los ayuntamientos, en la mayoría de los casos, suplen o canalizan exitosamente las necesidades apremiantes de sus constituyentes.

La Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico (Ley 81-1991, según enmendada), tenía como punto cardinal “otorgarles a los municipios un mayor grado de autonomía fiscal y de gobierno propio para que puedan atender cabalmente sus responsabilidades”. La pasada cita, tomada de la exposición de motivos de dicho estatuto, se fundaba en el fracaso del gobierno central en llenar las expectativas ciudadanas, como proveedor absoluto de bienes. El Estado reconoció hace casi treinta años que la administración municipal, por su cercanía a la ciudadanía, se encontraba en una posición privilegiada para atender las necesidades materiales de la comunidad.  

Ciertamente, han transcurrido tres décadas desde esa visión original y la ley ha sido objeto de una cantidad extraordinaria de enmiendas. Sin embargo, la calidad de la administración municipal continúa conformando una ecuación determinante para nuestro futuro como sociedad. La organización ABRE Puerto Rico destacó en uno de sus informes que, para el 2018, cerca del 75% de los municipios logró abonar a su balance de fondo general, redujeron sus gastos operacionales y mostraron un gran rigor en el manejo de sus finanzas. Esto contrasta significativamente con el 2017, cuando el 73% de los municipios gastó por encima de sus ingresos. Resulta obvio que ningún proyecto de desarrollo es sostenible sin altos niveles de calidad administrativa.  

Los esfuerzos municipales dirigidos a demostrar la calidad en su responsabilidad fiscal deben ser objeto de reconocimiento y reflexión permanente. Promover la salud financiera de los municipios en una coyuntura histórica de profundas necesidades humanas y responsabilidades financieras apremiantes, plantea que deben asumirse sin demora. Mientras más fuerzas intervienen en un escenario complejo de administración, mayor será la cantidad de expectativas y desafíos que se generan y se exigen.  

La calidad de la administración financiera es la brújula ética de cualquier organización, particularmente de una estructura municipal.  En periodos críticos como los actuales, gerenciar financieramente exige internalizar las necesidades humanas, identificar los recursos disponibles, aplicar y cumplir los preceptos normativos, enfrentar las debilidades y desarrollar las fortalezas. El manejo competente de los fondos es crucial, pero no es un fin en sí mismo. Debe estar unido a una evaluación, sin miramientos, de todos los procesos operacionales del municipio, a partir de las necesidades de la ciudadanía y la atención a las responsabilidades contraídas.

El fenecido alcalde William Miranda Marín mencionó: “Tenemos que vernos como empleados. Tenemos que vernos como personas que tenemos que llevar ese pueblo al óptimo de sus posibilidades a nivel individual y colectivo”. 

En un proyecto de esa envergadura, establecer obligatoriamente la práctica de la integridad pública contribuye a que cada ciudadano logre restaurar la fe en las instituciones municipales que procuran servirles, ya sea en épocas de huracanes, de movimientos telúricos o de pandemias.

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