Pedro M. Cardona Roig

Punto de Vista

Por Pedro M. Cardona Roig
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La planificación de un desastre

Durante las pasadas tres semanas hemos visto el impacto de los terremotos sobre nuestra zona sur, la desastrosa respuesta gubernamental, el descalabro de la distribución de ayuda y suministros, así como la creciente desconfianza ciudadana en su gobierno.

Mientras, el pasado 20 de diciembre de 2019, la Junta de Planificación publicó un anuncio presentando y pidiendo comentarios a un nuevo Reglamento sobre áreas especiales de riesgo a inundación (Reglamento 13). Es una gran oportunidad para revisar la política pública de la planificación a la luz de los impactos y los hallazgos del huracán María, así como de la creciente erosión costera y la subida del nivel del mar. Sobre esto último, la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA, por sus siglas en inglés) proyecta que afectará nuestras residencias costeras, hoteles, campos de golf, aeropuertos, valles agrícolas, centrales generatrices de electricidad y otras edificaciones críticas, solo con una subida de un metro y medio, equivalentes a casi cinco pies.

Existen buenos ejemplos de ciudades como Nueva York y Nueva Jersey donde, tras el paso del huracán Sandy, revisaron su política pública y enunciaron directrices para que la planificación respondiera a condiciones y experiencias aprendidas, así como circunstancias e impactos proyectados hasta los próximos 50 años. Con estas nuevas directrices, encaminaron la reconstrucción y el desarrollo de una forma más consciente y responsiva al cambio, añadiendo certeza a la inversión y resiliencia ante los indiscutibles impactos climáticos futuros. Aunque no ha sido un proceso perfecto, tiene grandes aciertos, de los que podemos aprender.

En nuestro caso, con este nuevo proceso, la Junta de Planificación repite los patrones y vicios que caracterizaron el proceso del propuesto Mapa de Calificación, todavía en un suspenso incierto, así como del Reglamento Conjunto, aprobado a toda carrera en verano de 2019, el cual continúa vigente, a pesar de sus graves deficiencias.

Esa agencia convocó a revisión un documento medular durante un periodo de receso y habiendo sufrido las consecuencias imprevisibles de múltiples terremotos. El anuncio expresa que se conceden 30 días, a partir de la publicación del anuncio, para comentar el borrador de documento. El periodo concluyó el domingo, 19 de enero de 2020, mientras la gobernadora enfrenta la peor crisis de su administración, sin que haya habido discusión pública ya que las vistas están convocadas para la semana siguiente.

Aparte de múltiples errores, el documento hace referencia a unos mapas que no se presentan a discusión como parte del proceso. Más grave aún resulta que no incluye pronunciamiento alguno en torno al manejo y respuesta al riesgo o al cambio climático. En otras palabras, el documento permite que se desarrollen nuevos proyectos y se lleven nuevas poblaciones y negocios a zonas de comprobado riesgo deinundaciones y marejadas.

El propuesto reglamento incumple con lo que establece la Ley 3 de 1961 para controlar las edificaciones en zonas susceptibles a inundaciones, como bien lo establece su título. También pasa por alto la orden ejecutiva de la actual gobernadora, la cual designa un comité asesor en cambio climático y establece una política administrativa para responder de forma proactiva a esta realidad ineludible.

Un nuevo reglamento tendría que expresar claramente las bases para un proceso de recuperación y manejo de riesgo; comunicar clara y responsablemente los riesgos a inundación -tal y como mandata la Ley 3 de 1961-; enunciar la política pública para dar atención a las poblaciones, infraestructuras sociales, económicas, asistenciales, de comunicaciones y servicios expuestos a riesgo y establecer límites claros para no exponer nuevos desarrollos a riesgos existentes o proyectados como el climático o la subida del nivel del mar, entre otros.

Esperamos que el rechazo al proceso no se haga esperar para que no se siga comprometiendo el ambiente de inversión y la recuperación. Esperamos que sea así para que no se deteriore más la credibilidad del gobierno y que esta situación tenga una proyección local e internacional negativa.

Es hora de dar atención a lo que está sucediendo en los temas de planificación sin mayores excusas o dilaciones.

“La verdad padece, pero no perece”, escribía Santa Teresa de Ávila en 1562. Mientras se preguntaban los inquisidores, qué hace una monja diciendo esas cosas sin que le controle un prelado. Eran “tiempos recios” decía la religiosa. De igual forma, hoy también lo son, añado con pesar.

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