Ramon L. Nieves

Tribuna Invitada

Por Ramon L. Nieves
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La política energética es cuestión de poder

La Asamblea Legislativa considerará el Plan V de Reorganización para disolver la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), y la Comisión de Servicio Público.

Muchos dirán “¡qué bueno, ya es hora de eliminar tantas agencias!” El problema es que ese argumento no le aplica a esta propuesta. Eliminar a la Comisión de Energía y a la JRT no le ahorra un solo centavo al Fondo General del gobierno. Ambas entidades se nutren de cargos impuestos a sus regulados. Peor aún, este Plan V esconde otras agendas ajenas al bienestar y calidad de vida de nuestro pueblo.

Desde la transición de noviembre de 2016, el gobierno entrante hizo clara su intención de desmantelar a la CEPR. La Administración de Ricardo Rosselló nunca se molestó por nombrar al sucesor del presidente de la CEPR (vacante desde 2017). El gobierno le ha indicado al Tribunal federal desconocer los poderes que tiene la CEPR para salvaguardar el interés público. Para colmo, el plan fiscal de la AEE lee como una carta de quejas contra la CEPR, pues el ente regulador no los ha dejado hacer lo que les da la gana, como era el uso y costumbre.

El Plan V sustituiría a la Comisión de Energía, de carácter independiente, por un solo comisionado de libre remoción. Cuando el gobierno o la Junta de Supervisión Fiscal le diga a ese comisionado “aprueba el Aguirre GasPort”, o “aprueba la incineradora Energy Answers”, la respuesta tiene que ser “yes, sir”. El comisionado de esa nueva Junta pelele estará sujeto a que lo despidan si osa decidir un asunto en contra de los intereses del gobierno.

La historia nos ha dado la razón a los que impulsamos, desde el gobierno y el sector privado, a la Comisión de Energía independiente creada por la Ley 57-2014. La CEPR evitó que una aseguradora de bonos nos subiera la luz a razón de 4.2 centavos kWh, lo que equivale a más de $700 millones en ahorros. Luego, en 2017, la CEPR rebajó en 21% un aumento impuesto por la AEE. Así que los $5.8 millones anuales que invertimos en la CEPR los abonados de la AEE nos ha resultado en ahorros de más de $700 millones.

La privatización de la AEE está sobre la mesa. Sustituir a la CEPR por una Junta pelele, de libre remoción, sujetará al pueblo a los intereses del gobierno, de la Junta y sus “proyectos críticos”, y de los aspirantes a privatizar a la AEE. Devolverle poderes a la AEE, como sugiere el Plan Fiscal del gobierno, significará que las comunidades del país no lograrán establecer microrredes o cooperativas de energía, pues la AEE y sus privatizadores se opondrán.

Cada día se suman las voces en contra de disolver a la Comisión de Energía: la Asociación de Industriales, el Colegio de CPA, el Sierra Club, Casa Pueblo, el grupo ad hoc de bonistas de la AEE, alcaldes, ex gobernadores, expertos en energía de la Universidad de Puerto Rico, entre otros. El senador Larry Seilhamer, muy conocedor del tema energético, ha anticipado su voto en contra. Congresistas como Nydia Velázquez, José Serrano y Raúl Grijalva, han comunicado sus preocupaciones sobre este nefasto plan.

La política energética es una cuestión de poder. El gobierno y la Junta andan promoviendo juntos un plan para destruir el carácter independiente de la actual CEPR. Lo que está en juego es determinar quiénes controlarán las decisiones energéticas del país en los próximos años. El rol de la Comisión de Energía es proteger a los consumidores de energía. El Plan V está diseñado para ponerle un “Se Vende” al país, y dejar pillados al pueblo y al sector privado con aumentos constantes en el costo de la luz. Exhorto a los legisladores a “botar” el Plan V cuando les toque votar.

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