Vicente Feliciano

Tribuna invitada

Por Vicente Feliciano
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La privatización de la AEE

Llevamos cambio de administración gubernamental tras cambio de administración con promesas de mejorar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ahora, después de décadas de promesas incumplidas, es menester concluir que el problema no es el capitán sino el barco.

Los paralelos con la Puerto Rico Telephone Company (PRTC), privatizada bajo la administración del doctor Pedro Rosselló González, son interesantes. Ambas fueron monopolios que en un momento sirvieron bien al desarrollo del país. La nacionalización de la PRTC respondió al mal servicio ofrecido por el monopolio privado ITT en la década de 1970. La formación de la AEE conllevó la nacionalización de varias empresas privadas regionales para crear un sistema coordinado y acelerar las inversiones de un Puerto Rico que se iba industrializando en la década de 1940.

Tener empresas gubernamentales respondía a la realidad de lo que los economistas llaman un monopolio natural. La tecnología de las telecomunicaciones en 1970 y de la electricidad en 1940 implicaban que cada cliente iba a tener un solo proveedor. Las opciones eran tener un proveedor privado bajo una junta reglamentadora o tener un proveedor gubernamental. En Puerto Rico se optó por lo segundo.

Para la década de 1990 las telecomunicaciones estaban en medio de un cambio tecnológico con el surgimiento de la tecnología celular. La nueva tecnología se combinaba con una PRTC que bajo la tutela gubernamental no podía competir efectivamente en este nuevo ambiente. Era el momento de vender.

Durante los últimos años la generación de electricidad ha estado inmersa en un proceso de cambio tecnológico. En Puerto Rico ya la AEE compra la tercera parte de la energía que distribuye. Inicialmente se trataba de Eco-Eléctrica (gas natural) y AES (carbón). El desarrollo de los Estados Unidos como un exportador importante de gas natural hace aún más atractiva la generación con gas natural que cuando se estableció Eco-Eléctrica, aunque el Acta Jones es una barrera importante que atender. Mientras, el abanico de opciones de generación ha ido creciendo con el desarrollo de alternativas de energía renovable.

Todavía la transmisión y la distribución de electricidad siguen siendo un monopolio natural. Después de la privatización de la AEE solo va a haber una empresa transmitiendo y distribuyendo electricidad. Por lo tanto, es obvio que la venta de activos de la AEE debe proceder no en bloque sino la transmisión y distribución a un comprador y las plantas generatrices a varios compradores. Queremos competencia en la generación de electricidad y una junta reglamentadora de energía fuerte para promover dicha competencia.

Finalmente, el proceso de quiebra (Título III de PROMESA) de la AEE implica que lo más apropiado es la privatización. La razón es que liquidar la corporación simplifica el proceso de quiebra. Supongamos que la AEE debe $10 mil millones y la venta de todos los activos de la AEE genera $3 mil millones. Se le entregan esos $3 mil millones a los acreedores de la AEE y ya. No es necesario un cargo a los consumidores durante 30 años para pagar la deuda de la AEE. Para Puerto Rico esto es un arreglo mucho mejor que los acuerdos de transacción que pactaron con los bonistas liderados por Stephen Spencer tanto la administración de Alejandro García Padilla como la de Ricardo Rosselló Nevares.

Estamos llegando al final del camino. La privatización, separando generación del resto y con una junta reglamentadora, es condición necesaria para la reconstrucción de la isla. Puerto Rico se levanta.

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