Jorge Colberg Toro

Punto de vista

Por Jorge Colberg Toro
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La propuesta de Aníbal y la Sección 936

El exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá, ha puesto a correr a muchos. Y la razón para ello es que ha presentado una importante idea que atiende una realidad innegable: la crisis del coronavirus puso sobre la mesa la enorme dependencia de los Estados Unidos en los mercados asiáticos para la compraventa de medicamentos y equipos médicos, los cuales, en este momento, están escasos.

Esa realidad desató un debate sobre la posibilidad de que Puerto Rico pudiera retomar su rol como líder en la producción de medicamentos. Ante eso, Acevedo Vilá – quien conoce muy bien las tempestuosas aguas de la capital federal - dio un paso adelante y la presentó ante el Congreso.

El 16 de marzo, Acevedo Vilá le envió una carta al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, promoviendo una propuesta para incentivar a la industria de manufactura en Puerto Rico, principalmente, la farmacéutica y la de dispositivos médicos. 

En síntesis, la propuesta de Acevedo Vilá pretende traer de vuelta a múltiples industrias que se fueron del país, luego de la eliminación de la sección 936 que se completó en el año 2005; precisamente, el momento que marcó el inicio de la recesión económica. 

La sección 936 era una disposición del Código de Rentas Internas federal que establecía exenciones contributivas y beneficios para aquellas fábricas que se establecieran en la isla y crearan empleos. Durante sus 30 años de existencia, llegó a representar el 42% de toda la actividad económica, el 30% de todos los depósitos bancarios y el 32% de los empleos directos e indirectos, que representaban unos 125,000 trabajadores. 

Pero en el año 1993, un Informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno Federal (GAO) identificó varias deficiencias que pusieron bajo una lupa ese incentivo.

Según el Informe, las empresas beneficiadas recibieron exageradamente un 267% de ahorros tributarios en comparación con los ingresos que proporcionaron a los trabajadores en Puerto Rico. 

A manera de ejemplo, por cada dólar que pagaban a un trabajador, se ahorraban $2.67 en el pago de impuestos al gobierno federal. Asimismo, los beneficios contributivos promedios por empleado básico ascendían a $24,300.00 mientras que el salario promedio pagado era de $22,800.00. 

En los sectores industriales de mayor escala, los beneficios fueron exorbitantes. El beneficio contributivo promedio por empleado era de $69,800.00 pero el salario otorgado era de solo $32,900.00. 

Como consecuencia de esta jaibería corporativa - en vez de corregirse con enmiendas al estatuto federal - el Congreso (siguiendo la petición del gobierno PNP) optó por eliminarlo totalmente, tirando a la calle a 75,000 trabajadores.

Ahora, ante la nueva realidad del coronavirus, el gobierno federal se ha dado cuenta de que quizás no fue la mejor decisión, porque muchas de esas fábricas se movieron a otros países distantes como China y Singapur cuyo suplido no controlan. La propuesta de Aníbal resolvería esa situación. 

Pero esta idea presenta dos retos interesantes. El primero es uno procesal: para que el Congreso lo considere seriamente, los proponentes tienen que asegurarse de que la legislación evite beneficios injustificados.

El segundo reto es para el PNP. Están en una encerrona.

Aníbal sabe muy bien que su propuesta solo es posible bajo la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado y de aprobarse, sería el final de la estadidad. 

Por eso, Jenniffer González ha sido parca anticipando que, de radicarse un proyecto de ley, inevitablemente, tendrá que decidir entre la sobrevivencia de su ideal o los empleos de la gente. Y si mi memoria no me falla, el último que le dio la espalda a los trabajadores, lo mandaron al retiro. 

Este round es de Aníbal. El alacrán ha regresado.

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