Jaime L. Sanabria Montañez

Punto de Vista

Por Jaime L. Sanabria Montañez
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La protección del empleo en los tiempos del COVID-19

El filósofo alemán Emanuel Kant decía que las víctimas de un naufragio, para no morir ahogadas, lucharían, entre sí, para salvar sus vidas, lo que incluiría la posibilidad de que uno de los náufragos se disputara el único salvavidas disponible y ahogase al otro. Para Kant, bajo este escenario, no se debería imponer responsabilidad criminal al náufrago sobreviviente, pues su actuación se consideraría “necesaria” para salvar la propia vida.

En el ordenamiento jurídico puertorriqueño, la defensa del “estado de necesidad” se podría invocar cuando los intereses legítimos de un individuo se encuentran en un estado de peligro, y sólo pueden ser salvados mediante el daño a los intereses legítimos del otro individuo. Y dicha defensa cobra completa relevancia en el contexto histórico y pandémico en que se encuentra nuestra Isla.

Ello pues, la naturaleza ha colocado a los bonistas y al pueblo de Puerto Rico en la misma posición de los dos náufragos descritos por Kant. Por lo que le toca al gobierno de Puerto Rico decidir si, para no morir ahogado por la pandemia del COVID-19, tomará medidas extraordinarias para que, luego de paliar las consecuencias inmediatas sobre la salud de la población, podamos encausar la recuperación económica y social futura del país, lo que, indubitadamente, exigirá ayudar a dar estabilidad a los patronos y empleados del sector privado.

Hemos llegado al momento en que nuestro gobierno debe actuar, bajo la “necesidad” que describía Kant, como justificación para salvar la vida, la salud y la economía del país, tres renglones conexos que requieren tomar medidas audaces, pero sobre todo valientes, para mantener a flote nuestro ecosistema político, económico y social. No hacerlo nos hundirá al fondo de un abismo nunca antes conocido.

Así pues, teniendo el gobierno aproximadamente $9,000 millones en caja reservados para el pago de la deuda de los bonos generales, propongo – como algunos han hecho - que se utilice dicho dinero o parte de este para rescatar a la empresa privada, lo que implica ayudar no solo a los patronos, sino a todos sus empleados. No hacerlo sería una omisión que atentaría contra la vida y bienestar de muchas personas y familias en Puerto Rico. Por el contrario, aunque hacerlo sería “ahogar” a los bonitas, las circunstancias extraordinarias actuales lo hacen “necesario”.

Ofreciendo una mirada práctica, recomiendo que, en estos momentos, lejos de fomentar el desempleo, se haga lo posible para evitar los despidos y suspensiones sin paga de empleados, mediante la asignación de una parte de este dinero destinado a los bonistas. Esto porque, además de que para algunos empleados los beneficios de desempleo son insuficientes para mantener a sus familias (y ni mencionar los empleados que no serán elegibles a los mismos), los costos de volver a reclutar, readiestrar y operar superarán, por mucho, los ahorros que se piensan crearán sus despidos y suspensiones.

Es indispensable que el gobierno de Puerto Rico mire las medidas tomadas en otros lugares del mundo, como Francia y Alemania donde – durante las crisis económicas que experimentaron hace muchos años atrás - cometieron el error de apostar ingenuamente a los beneficios del desempleo y a los despidos y suspensiones, y ahora - durante esta pandemia - propugnan el pleno empleo, a través de políticas públicas de retención de trabajadores y subsidios de ingresos, entre otras medidas. Estas políticas podrían permitir que sus habitantes sigan circulando el dinero para satisfacer sus necesidades y provean la estabilidad económica necesaria para lidiar con los efectos potencialmente nefastos de esta pandemia. 

Después de todo, si no hay una economía estable para el final de esta crisis, tampoco habrá dinero para cumplir con los bonistas. En ese sentido, el gobierno y los bonistas están en un callejón sin salida y se necesita de medidas “extraordinarias” y “necesarias” para evitar que ambas partes culminen ahogadas. Ante ello, las circunstancias imponen el deber inexorable de ejecutar decisiones que antepongan el bienestar de las personas, lo que debe incluir proteger su trabajo y fuentes de ingreso.


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