Maite D. Oronoz Rodríguez

Tribuna Invitada

Por Maite D. Oronoz Rodríguez
💬 0

La Rama Judicial después de la tempestad

Los huracanes que nos azotaron nos estremecieron como sociedad y forzaron un cambio de prioridades. Tuvimos todos y todas, incluyendo al Poder Judicial, que redirigir nuestros esfuerzos para hacerle frente al caos y al desasosiego que provocó la emergencia. Los daños en las estructuras judiciales y las interrupciones en el servicio eléctrico, de agua potable y las telecomunicaciones, no impidieron que la Rama Judicial estuviera activa durante e inmediatamente después del huracán.

La prioridad era reestablecer el sistema judicial de inmediato para garantizar que ninguna persona se viera privada de acceso a los tribunales. Las controversias sociales entre particulares o frente al Estado no desaparecieron por el paso del huracán. Era medular que los tribunales estuvieran abiertos para atender a las víctimas de violencia doméstica, a las personas con problemas de salud mental y para procesar a los delincuentes, entre tantas otras situaciones. Así lo hicimos.

A pesar del embate a sus estructuras físicas y demás infraestructura, las trece regiones judiciales están abiertas para atender los casos y controversias. Los funcionarios judiciales demostraron que nuestra función constitucional es importante en tiempos ordinarios, pero más aún, es indispensable y catalítica en tiempos de crisis. Ahora bien, la administración de la justicia va más allá de la operación judicial en los tribunales. La emergencia agudizó la pobreza y dejó al descubierto -con una crudeza inigualable- a los más vulnerables. Ante esto, lejos de los reflectores, todos y todas en la Rama Judicial se sumaron a los esfuerzos de recuperación del país a través de cinco iniciativas.  

La primera, permitió reubicar empleados de la Rama Judicial, cuyos centros de trabajo aún están afectados, para prestar servicio en égidas, centros comunitarios y otras entidades sin fines de lucro a través de la isla. La segunda, implicó compartir provisionalmente espacios en nuestras sedes judiciales con otros componentes del sistema de justicia para que desde allí pudieran continuar sus trabajos. La tercera, las Brigadas de Ayuda Legal, une a la Rama con entidades sin fines de lucro que ofrecen orientación legal gratuita y llenan solicitudes de FEMA en nuestros centros judiciales y centros comunitarios. La cuarta, “Unidos por la Rama”, es un esfuerzo interno para recolectar víveres y artículos de necesidad a través de las sedes judiciales, a beneficio de nuestras familias afectadas. Por último, y por iniciativa de los propios empleados, en diciembre comenzaremos un proyecto de reforestación para replantar árboles a través de todas las regiones judiciales.

Las manos de nuestros servidores públicos continuarán estando a la disposición de nuestra gente.  No importa el reto y la dificultad, seguimos de pie, haciendo nuestra parte en la administración de la justicia.

Otras columnas de Maite D. Oronoz Rodríguez

💬Ver 0 comentarios