Ibrahim Pérez

Tribuna Invitada

Por Ibrahim Pérez
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La receta perfecta para eliminar el Medicaid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Congreso republicano no pudieron revocar Obamacare durante su primer año, pero su obsesión por destruir el mayor legado del expresidente Barack Obama continúa en diferentes frentes.

Uno de los segmentos claves del sistema de salud estadounidense es el programa Medicaid que sirve a sobre 70 millones (21%) de pobres y vulnerables: niños, envejecidos, impedidos, personas con trastornos mentales y abuso de sustancias controladas.

En solo cinco años, Obamacare redujo la población estadounidense sin seguro de salud de 50 millones a 30 millones, siendo la expansión del programa Medicaid la punta de lanza de ese logro a partir de octubre 2013. El impacto de la expansión ha sido incuestionable: mayor acceso, mejor cuidado primario-preventivo, mejores resultados para los más necesitados.

La administración Trump está implantando acciones encaminadas a debilitar el programa Medicaid. El 11 de junio de 2017 otorgaron a un primer estado, Kentucky, una dispensa para imponer requerimientos laborales a sus beneficiarios Medicaid entre 19 y 64 años a partir de julio 2018, quienes tendrán que completar 80 horas mensuales de labor comunitaria, incluyendo trabajo, escuela, adiestramiento y servicio. Los que incumplan, perderán su elegibilidad al programa. Comenzando en 2019, el estado de Indiana requerirá de cinco a veinte horas semanales de trabajo o actividades relacionadas, dependiendo del tiempo que el beneficiario haya estado registrado en Medicaid.

Exigir trabajo a los beneficiarios Medicaid (6 de cada 10 trabajan al presente) es considerado una crasa desviación de los objetivos eminentemente salubristas del programa que podría afectar el acceso a servicios esenciales de salud a millones de pobres. Las propias proyecciones estatales anticipan una reducción de beneficiarios Medicaid de un 15% en cinco años en Kentucky. El prestigioso “Commonwealth Fund” proyecta una tendencia similar en otros estados que han solicitado participar.

Acciones debilitadoras adicionales están siendo consideradas: pago de prima mensual (si incumple por sesenta días, perderá beneficios del programa por seis meses), completar correctamente y a tiempo la renovación anual (incumplimiento conlleva pérdida de cubierta por seis meses), informar cambios que afecten elegibilidad como modificaciones en ingresos y empleo. Además, podría incluir pruebas de dopaje, merma de pagos a proveedores, limitar años en que puede permanecer como beneficiario, entre otras. Esas acciones parecen tener un fin punitivo: quitar, reducir o desalentar el acceso de los pobres a beneficios esenciales para su bienestar, en vez de un enfoque educativo y facilitador hacia una clase desventajada socioeconómicamente.

Medicaid constituye el segmento más grande de nuestro sistema de salud, aunque no sea así en el sistema de salud estadounidense. Y es que el porcentaje de personas bajo el nivel de pobreza federal en Puerto Rico (45%) es más del triple del porcentaje (13%) en Estados Unidos. Tras María, el nuestro probablemente ha rebasado 50%.

Si ocurriera otro copo electoral republicano en 2018-2020, implantarían en todos los estados su anunciado plan de proveer los fondos federales Medicaid en bloque, con un límite anual por persona. Los estados tendrían que asumir un gasto mayor y redefinir la elegibilidad y beneficios de sus participantes. El “Congressional Budget Office” ha estimado que tal acción provocaría una masiva reducción en el gasto federal Medicaid, pero con una reducción millonaria en los beneficiarios registrados en el programa.

La estrategia republicana es la receta perfecta para provocar la eventual eliminación del programa Medicaid y el desvío de sus beneficiarios hacia la obtención de seguros de salud en el mercado privado. Como Medicaid es la principal fuente de financiamiento del plan de salud gubernamental puertorriqueño, nuestros pobres podrían ser los más adversamente impactados en toda la jurisdicción estadounidense.

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