Ramon L. Nieves

Tribuna Invitada

Por Ramon L. Nieves
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La recuperación energética

Un país es tan bueno como sus instituciones. Pueden llegar gobernantes buenos o malos, pero si las instituciones son sólidas, los países sobreviven. Las instituciones provocaron que el pueblo norteamericano sobreviviera el escándalo de Watergate; igualmente, dicho pueblo sobrevivirá la era Trump. 

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue destruida por la intervención política, los intereses económicos, y la falta de voluntad para abrazar el cambio y la innovación. Ante esa realidad, el Senado logró darle paso entre 2014 y 2016 a diversas medidas de reforma energética. Dichas medidas crearon instituciones clave para transformar la realidad energética del país. Su diseño iba dirigido a quitarle a los políticos el control sobre las decisiones energéticas.

La Comisión de Energía de Puerto Rico fue creada como un organismo independiente, no-partidista, para dirigir la transformación energética del país. La AEE y sus uniones, el PNP y el PIP, líderes conservadores de la “izquierda”, y algunos líderes del PPD, se opusieron a su creación. Los detractores de la Comisión se unieron para proteger al monopolio de la AEE, en contra de los mejores intereses del pueblo.

Junto a la Comisión, se creó la Oficina de Política Pública Energética (OPPE), sucesora de la Administración de Asuntos Energéticos, y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC). A la OPPE se le concedieron nuevos poderes fiscalizadores para adelantar la política energética del país. La OIPC actuaría como procurador del ciudadano en temas energéticos. Al día de hoy, la OIPC atiende más de ocho mil (8,000) querellas contra la AEE y compañías privadas.

Restaba transformar a la inefectiva Junta de Gobierno que, por años, no le ofreció dirección correcta a la AEE. Las juntas de gobierno AEE estaban compuestas históricamente por amigos del poder, y secretarios del gobierno que nada sabían del tema energético. Para colmo, actuaban como sellos de goma del gobierno de turno.

Mediante la Ley 4-2016, se ordenó profesionalizar y erradicar al partidismo de la Junta de Gobierno AEE. Los candidatos a la Junta serían seleccionados de una terna preparada por una entidad de reclutamiento ejecutivo. Dicha firma fue contratada, a un costo de medio millón de dólares, y el entonces gobernador nominó a los candidatos. Confirmada dicha Junta, en diciembre de 2016, la AEE logró tener la primera Junta de Gobierno profesional y no partidista en sus más de siete décadas de existencia. Duraría muy poco, para desgracia del país.

Las malas decisiones de la Administración Rosselló y su Legislatura trastocaron las instituciones energéticas creadas desde 2014, y han retrasado por meses la recuperación energética postMaría. Dichas decisiones crearon el ambiente para el escandaloso contrato de Whitefish. En la próxima parte de este artículo, discutiré las decisiones energéticas de la Administración Rosselló, y su impacto en nuestro país.

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