Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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La reforma electoral exige consenso

Hace años muchas voces claman por la disolución de la Comisión Estatal de Elecciones como la conocemos actualmente, un organismo burocrático al servicio de los partidos de mayoría y que impide el crecimiento de nuevas colectividades políticas.

Los cambios que ha tenido el sistema electoral a través de las últimas décadas, en su gran mayoría cosméticos, no han incluido modificaciones significativas.

Eso sí, desde la reforma electoral de 1983, los cambios se han basado mayormente en el consenso -que en los últimos tiempos se ha ignorado- para mantener un supuesto balance político.

Además de los múltiples defectos que tiene el sistema electoral actual, la realidad es que se ha convertido en un barril sin fondo y en refugio de políticos derrotados, así como de parientes y dolientes de los principales partidos.

En el último año electoral, el gasto sobrepasó los $100 millones, contando las primarias presidenciales. En años no electorales, en los que las funciones de la CEE son muy reducidas, el presupuesto anual es de alrededor de $40 millones.

La nueva legislación que pretende reformar drásticamente el sistema acaba con el balance electoral como opera actualmente y lo sustituye por un “balance institucional” que deja en manos del presidente de la CEE -un funcionario que representa al partido de mayoría- la designación de los directores de las oficinas administrativas que ahora son distribuidas entre los partidos inscritos.

El frágil balance político que tiene actualmente el sistema electoral se perdería con la propuesta eliminación de las vicepresidencias y subsecretarías de la Comisión, en las que ahora hay, obligatoriamente, funcionarios de distintos partidos.

También habría discrimen contra los partidos que no queden inscritos y que, aunque se reinscriban durante el cuatrienio, no podrían contar con comisionados electorales como los conocemos en la actualidad, sino con “comisionados electorales adicionales” que solo podrían participar en las reuniones plenas de la CEE “cuando los asuntos a discutirse se relacionen específicamente con los que correspondan a las categorías de sus partidos políticos”.

La propuesta legislación, hecha a la medida para los partidos de mayoría, también le sube la remuneración a los comisionados electorales en propiedad -o sea, los que no sean “adicionales”- de $80,000 a $108,000 anuales, lo que representa un alza de $28,000 en relación a la ley actual. La medida también aumenta otros sueldos, como el del secretario del organismo.

Una novedad importante de la legislación es que introduciría el voto por internet, que en los comicios del 2024 se usaría en las primarias presidenciales y locales. Cuatro años después, el organismo electoral decidiría si se vota solo por internet o hasta cuándo se combinarían los mecanismos de votación.

La medida presume, por tanto, que para entonces todos los electores en Puerto Rico tendrán acceso a internet, una premisa difícil de sustentar.

Unos cambios como los que propone esta legislación deberían surgir de una discusión amplia de los tres partidos políticos tradicionales, más todos los grupos que han surgido en años recientes.

Sin embargo, si se pretende aprobar esta medida antes de que termine esta sesión ordinaria el 30 de junio, como ha dicho su autor, el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, difícilmente tendremos una reforma electoral efectiva y, más que eso, de justicia para todos.

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