Idia M. Martínez Torres

Punto de Vista

Por Idia M. Martínez Torres
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La reputación de los funcionarios: un perdón no basta

La reputación es el pilar del éxito de los profesionales y las organizaciones.  Se construye lentamente, pero puede perderse en solo un instante. Aunque puede darse en cualquier industria o sector, ciertamente en el gubernamental lo vemos con más frecuencia, no necesariamente porque ocurra más, si no porque alcanza mayor visibilidad.

Algunos ejemplos saltan a la vista. Los sucesos del verano que provocaron la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, los incidentes relacionados al consumo de alcohol del representante Georgie Navarro, la declaración de culpabilidad del exsecretario de Recreación y Deportes, Ramón Orta y los cargos por corrupción contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, son solo algunos de ellos.

La pregunta de muchos es si estos y otros funcionarios o políticos que han visto lacerada su reputación podrían ganar nuevamente la confianza de la gente y hasta retornar a la esfera gubernamental. Dependiendo de la magnitud de los hechos, en algunos casos podría ser viable, pero la faena suele ser compleja. 

En tiempos en los que la tecnología impide que las acciones pasen al olvido, porque el detalle de los hechos permanece al alcance de todos, parecería una tarea aún más complicada.  Sin duda, la Internet ha logrado transformar “la memoria corta” de los pueblos.

La reputación es la opinión que otros tienen de un individuo. Es decir, la forma en que lo juzgan y lo valoran.  Dicha valoración surge de aspectos tales como su preparación, trayectoria, desempeño, proyección, comportamiento ético y valores. Por ende, la reputación no le pertenece al funcionario, si no a los ciudadanos que la perciben.  Una reputación positiva que se pierde no es algo que el funcionario tenga el control de componer pero que, en ocasiones, puede esforzarse por recuperar.

Existen dos componentes en el proceso de valoración de un individuo, el racional y el emocional, y ambos juegan un papel importante. Pero, ciertamente, es el segundo el que en muchos casos predomina en el juicio público.

Lo ciudadanos necesitan confiar y la confianza se gana.  No quieren ver funcionarios que se proyectan a la defensiva o que asumen el papel de víctimas, sino personas capaces de reconocer sus errores.  No aceptan un “borrón y cuenta nueva”. Quieren que, los que en un momento fueron sus líderes y fallaron, estén dispuestos a asumir consecuencias.

No les basta con escuchar disculpas o recibir excusas; quieren ser testigos de cómo se enmiendan los errores y de conductas impropias modificadas.  De ahí la importancia de un proceso de comunicación cuidadoso que proyecte concordancia entre lo que se diga y lo que se haga.

El problema es que todas estas acciones no pueden darse en al vacío. Requieren veracidad, honestidad y transparencia. Y lamentablemente, en muchos casos, eso es precisamente lo que falta.

Construir una marca y lograr una reputación positiva toma años.  Cuando se pierde, no se puede pretender recuperarla de la noche a la mañana porque, sencillamente, un perdón no basta.


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