Javier Rúa Jovet

Tribuna Invitada

Por Javier Rúa Jovet
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La Resolución 2625 y Puerto Rico

No existe límite alguno en el derecho internacional que obstaculice el desarrollo del Estado Libre Asociado. Los factores que lo limitan son puramente políticos, en Estados Unidos y Puerto Rico.

No obstante, a raíz de la ruta planteada por el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, para ese desarrollo, fundamentada en la Resolución 2625 (1970) de las Naciones Unidas (ONU), ya surgen voces, incluso en este mismo espacio, alegando que la misma es inaplicable. 

Sostienen que solo aplican las Resoluciones 1514 y 1541 de 1960, bajo las cuales existen solamente tres opciones para la autodeterminación de un pueblo: 1) la independencia, 2) la integración (estadidad) y 3) la libre-asociación.

Pero ese no es el estado del derecho. Reza la Resolución 2625

“El establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo.”

¿Y qué dicen las autoridades eminentes sobre la Res. 2625?  La Corte Internacional de Justicia, en el caso de Sahara Occidental, ha resuelto que:

“58. […] La Resolución 2625[…] menciona otras posibilidades más allá de la independencia, la libre-asociación o la integración. […]  59. La validez del principio de autodeterminación se define como la necesidad de escuchar la voluntad libremente expresada de los pueblos […].”  Western Sahara, Advisory Opinion, ICJ Reports 32-33 (1975)).”

Masahiro Igarashi, del Centro de Investigación de Derecho Internacional Lauterpacht de la Universidad de Cambridge, concluye que la resolución “provee para los pueblos (particularmente los de pequeña extensión), que no desean establecer su propio estado [independiente]. […]  [P]or ello contiene una garantía específica para esos pueblos […]. [L]a fórmula encarnada en la Resolución 1541 se expande ligeramente (para que las demás opciones sean abiertas) […] y permitir una relación más cercana al poder metropolitano que la de la ‘libre-asociación’ [tradicional]148-149 (2002).

Y el reconocido tratadista, abogado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y profesor del Fletcher School of Law and Diplomacy, Hurst Hannum, plantea que: “[l]as opciones son […] significativamente expandidas en [la Res. 2625] […]; [esto] representa un inusitado y bienvenido reconocimiento del potencial para nuevas formas de relacionamiento inter e intra estatales, p. 41 (1990).  Más recientemente, Hannum concluye que “[e]l principio más importante que hay que tener presente en cuanto a arreglos autonómicos o de autogobierno, es que ni el derecho ni la practica internacional imponen restricción alguna a la forma específica que dichos arreglos puedan tomar". H. HannumThe Future of Kashmir, Issues and Precedents, p. 20 (2005).

A diferencia de sus predecesoras, la Res. 2625 se aprobó mediante consenso, sin oposición y con el apoyo específico de Occidente. Al endosarla, Estados Unidos declaró que “la Res. 2625 es una expresión objetiva, no parcializada, de los Principios de la Carta de la ONU y EE.UU acoge con beneplácito que reconoce el derecho de autodeterminación.”  (63 DEPT. ST. BULL. 623, 625 (1970)).

De forma similar, la Comisión Internacional de Juristas distingue a la Res. 2625 como “la expresión de mayor autoridad en torno a los principios de autodeterminación […]”. The events in East Pakistan, 8 International Commission of Jurists Review 44 (1972).

Aclarado el carácter abierto y liberal del derecho, somos también conscientes que las consideraciones jurídicas son siempre inferiores a las realidades políticas, y particularmente en conflictos sobre autonomía, soberanía y autodeterminación.

Realmente esenciales son la voluntad, la buena fe y la acción política de las partes envueltas. 

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