José Nicolás Medina  Fuentes

Tribuna invitada

Por José Nicolás Medina Fuentes
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La responsabilidad federal sobre la deuda pública de Puerto Rico

Durante más de un siglo de control colonial, Estados Unidos incentivó el endeudamiento de Puerto Rico como única entidad territorial con bonos triplemente exentos de tributación (Ley Jones 1917), sin regulación de valores ni cobertura de la Investment Company Act del 1940 y al que le quitó mecanismos de quiebra en el 1984. 

A la par que el gobierno federal promovió irresponsablemente el endeudamiento territorial, eliminó fuentes cruciales de actividad económica con la derogación de las compañías 936 (1996-2006) sin proveer medidas alternas  de actividad económica, terminación del mercado exclusivo con la firma de Tratados de libre comercio (1990s) e imposición exclusiva contributiva federal a las ganancias netas expatriadas del capital foráneo. Como han demostrado estudiosos de la economía política, ello causó la deuda impagable en 14 años con un aumento de $24 billones en el 2000 a $72 billones en el 2014, devaluación del crédito por las casas acreditadoras, depresión económica extensa y crisis social profunda. 

Esa crisis inmensa, provocada por la deuda así causada, es la fuente de la pérdida de hogares, devaluaciones de riquezas, inmuebles y bienes por más de un 50% de su valor, el éxodo de centenares de miles de boricuas, incremento del índice de pobreza, pérdida de derechos de pensiones, laborales, educativos y de salud, cierre de escuelas, negocios, quiebras comerciales y personales, devaluación de bonos adquiridos por puertorriqueños e inversionistas. 

Ante tales daños se configuraron causas de acción a favor de ciudadanos  afectados por  toma de la propiedad sin justa compensación, incumplimiento de deberes fiduciarios de adecuada administración que emanan del contrato Tratado de Paris (1899), de Tratados como la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 73) (1945) que exige la autodeterminación y desarrollo económico del territorio y del Tratado de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales Estados Unidos es parte obligada y signataria. Constituyen además infracciones a sus deberes fiduciarios de adecuada administración directamente bajo la claúsula territorial, según dispone el caso del Tribunal Supremo federal de Limtiago v Camacho. Así mismo se configuraron acciones de los puertorriqueños para reclamar reparación de agravios bajo la Primera Enmienda federal, debido proceso de ley e igual protección de las leyes. Sobre todo como parte de las negociaciones del Tratado de Paris y las prestaciones intercambiadas por España y Estados Unidos, este último exigió a España asumir la deuda cubana por ser una deuda injusta odiosa colonial. Es decir la doctrina de deuda odiosa forma parte del derecho anglosajón al que Estados Unidos está obligado.   Ante todas estas causas de acción el gobierno federal ha renunciado a su soberanía y podía ser demandado por  ciudadanos y partes afectadas  en la Corte Federal de Reclamaciones previo a la aprobación de la ley Promesa. 

El 30 de junio del 2016 el Congreso aprobó la ley Promesa que incorporó  una inmunidad retroactiva especial al gobierno federal en la Sección 210 para  pretender exonerarlo de responsabilidad de la deuda territorial y sus efectos e impedir que ciudadanos   afectados  puedan   litigar esas   causas de acción que tienen disponibles. Esa inmunidad retroactiva es confiscatoria de derechos adquiridos y por tanto inconstitucional conforme a doctrinas de la Corte Suprema federal que disponen que una  legislación Congresional sobre inmunidad soberana no puede tener efectos retroactivos que vulneren causas de acción sobre derechos adquiridos por virtud de renuncias a inmunidad y garantías  previas en violación al debido proceso de ley. Esa normativa que prohíbe los efectos retroactivos de inmunidad soberana se sostiene en prohibiciones  estructurales    expresas de la Constitución Federal que proscriben  las leyes Ex post facto,   Bill of Attainders y menoscabo de derechos adquiridos.   Retroactive Aplication of the Foreign Sobereign Inmunities Act; Landgraf Analysis and the Political Question Doctrine. 8UCLAJ.INT’LL.&FOR.AFF.1 (2003) 

Con esa inmunidad retroactiva se ha pretendido duplicar el menoscabo del derecho de petición para reparar agravios.  Ya no sólo se prohibe el derecho al sufragio universal de los ciudadanos estadounidenses domiciliados en el territorio de Puerto Rico para los cargos electivos federales (ciudadanía territorial de segunda clase), al punto que los ciudadanos domiciliados en el territorio   no pueden reparar agravios con el sufragio  ya que se les impide  cambiar y castigar con sus votos a los funcionarios  a cargos federales. Ahora, mediante dicha Sección 210, se le cierra las puertas a los ciudadanos estadounidenses domiciliados en Puerto Rico afectados por la crisis generada por la deuda odiosa territorial, a solicitar reparación de agravios y ventilar diversas causas de acción  como las antes identificadas  a través del acceso a las cortes contra el gobierno federal. Por eso los ciudadanos puertorriqueños estadounidenses tienen que tener un derecho de petición  fuerte y vigoroso, como lo tenían los siervos frente al Rey y los colonos, esclavos, mujeres y analfabetas previo al sufragio universal, y así garantizarles el acceso irrestricto a las cortes federales en áreas objeto ya de renuncia soberana federal  previa. Mark, Gregory A. (1998). The Vestigial Constitution: The History and Significance of the Right to Petition, Vol. 66:6 Fordham L. Rev.

 En la historia del derecho de petición, para evitar insurrecciones y levantamientos y garantizar la paz social, se le garantizaba a los sectores sin derecho al voto universal un derecho de petición fuerte y vigoroso para compensarlos por daños y agravios y no un mero derecho a la mera expresión  como se configuró en el siglo 20 el derecho a petición federal de los ciudadanos estadounidenses luego de conquistado su derecho al sufragio universal.  

Es decir, cerradas las puertas del sufragio universal, y cerradas las puertas de acceso a las cortes, se han sentado las bases para una tiranía, preámbulo de periodos de descontento y desafío social generalizado en el territorio. Como no han dejado otra opción institucional estatal, no es extraño escuchar las exhortaciones públicas de reputadas personalidades  dirigidas a la ciudadanía a la desobediencia civil generalizada en las calles y variadas esferas de la vida social. En un sistema republicano y democrático las controversias no pueden dejarse para ser resueltas por la ley de la selva. Las puertas de las cortes federales  tienen que  abrirse a los ciudadanos  afectados , no pueden permanecer cerradas. Hay intereses fundamentales de ciudadanos que serán profundamente afectados de prevalecer las puertas cerradas al sufragio y a las cortes. 

En cumplimento de nuestro deber ciudadano responsable hemos preparado un proyecto de Demanda contra el gobierno federal que contiene 214 párrafos de alegaciones de hechos y centenares de autoridades legales aplicables. Hacemos un recuento de las relaciones federales con el territorio y una historia de la economía política de la deuda territorial que demuestra su carácter odioso. Se cita la Revista Jurídica de Harvard del 10 de abril del 2017 que concluye que si luego del caso de Pueblo v Sánchez Valle Puerto Rico sigue bajo los poderes plenarios del Congreso federal y es una colonia, la deuda pública territorial cualifica como odiosa y es responsabilidad del gobierno federal. Hemos identificado y elaborado al menos ocho causas de acción disponibles confiscadas inconstitucionalmente por vía de la inmunidad retroactiva de la Sección 210. Procede una Sentencia Declaratoria ante los foros con jurisdicción según ahora dispuestos por dicha ley Promesa que son la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico o ante los procesos adversativos del Título III para declarar inconstitucional la Sección 210 de la ley Promesa y para decretar la responsabilidad del gobierno federal sobre la deuda pública territorial de Puerto Rico. 

Es de extrema urgencia la intervención de las cortes para que establezcan un adecuado balance entre los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos agraviados y el gobierno federal.  Este esquema de inmunidad especial inconstitucional ha infringido y continuará infringiendo patente y continuamente, derechos fundamentales de ciudadanos estadounidenses domiciliados en el territorio de Puerto Rico para las fechas pertinentes a los hechos bajo consideración. Hemos compartido y discutido el proyecto de Demanda con varios abogados y esperamos que surjan iniciativas que incorporen estas teorías en los litigios generados por estos. Así mismo esperamos que el proceso siga incrementando acciones específicas de sindicatos, sectores diversos del pueblo, firmas legales e incluso de acreedores que reclamen responsabilidad primaria del gobierno federal para pagar la deuda odiosa a los acreedores.  


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