José B. Carrión

Perspectivas de la Junta

Por José B. Carrión
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La ruta de salida de la quiebra

La ley Promesa le impuso a la Junta de Supervisión la misión de devolverle a Puerto Rico la responsabilidad fiscal, el acceso a los mercados de capital y las oportunidades para todos los puertorriqueños.

Lograr esos objetivos requiere diversas estrategias, incluyendo establecer presupuestos balanceados, adoptar medidas fiscales, implantar reformas estructurales y, no menos importante, reestructurar la aplastante deuda pública a niveles que podamos pagar de manera sostenible hacia el futuro.

Igual que a la familia puertorriqueña promedio se le hace imposible prosperar cuando tiene deudas hasta el cuello, así mismo Puerto Rico tiene que reestructurar su deuda para poder salir de la quiebra, dejar atrás a la Junta de Supervisión y seguir adelante.

Cuando el Congreso aprobó Promesa en 2016, el gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas habían acumulado más de $70,000 millones en deuda que no podían pagar. Tenían que gastar casi $3 de cada $10 en recaudos solamente para pagar el servicio de la deuda. Además, el gobierno tenía otros $55,000 millones en deudas de pensiones sin respaldo de capital, en otras palabras, obligaciones a nuestros retirados que no se podrían pagar porque los sistemas de pensiones estaban insolventes.

Bajo Promesa, Puerto Rico recibió una protección similar a la quiebra cuando el Tribunal Federal detuvo toda reclamación de pago por parte de los acreedores para permitir que el gobierno reestructurara dicha deuda a niveles sustentables. En otras palabras, el gobierno no ha pagado un centavo en deuda desde que la moratoria dispuesta por Promesa entró en vigor en 2017.

Desde entonces, la Junta ha estado bien activa negociando con acreedores para hacer la deuda sostenible. Ya reestructuramos $22,000 millones en bonos ($18,000 millones de COFINA y $4,000 millones del BGF) más $8,000 millones en otras deudas del BGF. Además, se alcanzó un acuerdo con los bonistas de la AEE para reestructurar $9,000 millones de los bonos de esa corporación pública y evitar litigios en corte que permitiera a los acreedores tomar control de la misma.

Acabamos de dar el paso más significativo en la restructuración de la deuda al radicar en el Tribunal de Título III un Plan de Ajuste (PDA) para reestructurar $35,000 en bonos de obligación general, acreencias contra el territorio por cláusulas de retención (“clawbacks”), bonos de la Autoridad de Edificios Públicos, bonos del Sistema de Retiro de Empleados Públicos, $50,000 millones de las deudas de pensiones, y otras acreencias generales no aseguradas del Gobierno Central, Edificios Públicos y el Sistema de Retiro.

El PDA provee el marco para la reducción de la deuda a niveles sostenibles y constituye un hito importantísimo en el camino que Puerto Rico debe seguir para salir de la quiebra, reestablecer el acceso a los mercados de capital y concluir el mandato de la Junta de Supervisiónbajo Promesa.

En resumen, el PDA reduce la enorme deuda de Puerto Rico, le ahorra al gobierno miles de millones de dólares en servicio de deuda y protege las pensiones de los empleados retirados del gobierno.

Este PDA representa un reconocimiento de todos los acreedores de Puerto Rico —bonistas, pensionados, trabajadores y muchos otros con reclamaciones contra el territorio— de que la difícil situación financiera en que se encuentra la isla requiere una reducción significativa del peso de su deuda a niveles sostenibles y, más importante, que todos tenemos que ceder en algo para hacer esa meta una realidad.

Una pieza fundamental de ese PDA es un Acuerdo en Apoyo al Plan que alcanzamos con los representantes oficiales de los empleados retirados del gobierno.

El acuerdo que alcanzamos con el Comité Oficial de Retirados, junto con otras medidas, asegurará que las pensiones se salven y se protejan hacia el futuro. El mismo cubre más de 300,000 empleados activos y retirados, así como sus beneficiarios, que participan en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.

Bajo el acuerdo, las pensiones de la vasta mayoría de los pensionados—más de 100,000—no serán tocadas. Solamente las pensiones más altas, aquellas de más de $1,200 al mes, tendrán un pequeño ajuste no mayor del 8.5%. Las pensiones del 74% de los beneficiarios activos y retirados no se afectarán, los beneficios de Seguro Social no se afectarán y los beneficios de seguro médico no se afectarán.

Décadas de pobre gerencia financiera, subcapitalización, y préstamos con el dinero de las pensiones quebraron los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros y la judicatura. La política de la Junta de Supervisión para reformar las pensiones reduce el costo de las mismas por más de $10,000 millones durante los próximos 30 años de forma tal que el gobierno las pueda pagar de manera sostenible hacia el futuro. Esto quiere decir que nunca jamás los pensionados tendrán que dudar si recibirán la pensión por la que tanto trabajaron.

Además, el PDA también incorpora el acuerdo que la Junta de Supervisión alcanzó con Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU/AFSCME) para asegurar los convenios colectivos y proteger a los trabajadores contra futuros recortes a su compensación. Este acuerdo cobija a más de 11,000 empleados públicos activos y miembros unionados de ocho agencias del gobierno.

En cuanto a la deuda, el PDA reducirá el monto de las acreencias pendientes del territorio de $35,000 millones a menos de $12,000 millones, una reducción del 60%. El acuerdo provee un recorte promedio de 64% para la totalidad de los $35,000 en acreencias del territorio, un recorte de 36% para los tenedores de bonos válidos de obligación general, y un recorte de 28% para los tenedores de bonos válidos de la AEP garantizados por el territorio.

Además, el servicio de la deuda del territorio, incluyendo principal e intereses, se recortaría a casi la mitad, de $82,000 millones a $44,000 millones en el transcurso de los próximos 30 años.

Si el Tribunal de Título III aprueba el PDA, la Junta de Supervisión entiende que Puerto Rico puede emerger de la quiebra a principios del 2020 con menos deuda que el promedio de los 10 estados más endeudados en la nación, lo cual proveerá la base para la sustentabilidad fiscal hacia el futuro.

De por sí, el mero hecho de emerger de la quiebra hará más factible que los negocios y empresas inviertan, que nuestra economía crezca y que el pueblo de Puerto Rico prospere. Y la Junta de Supervisión estará mucho más cerca de haber completado su misión bajo Promesa.

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