Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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La ruta hacia la libertad económica

Economista

La libertad económica es un tema de alta relevancia en la formulación de estrategias económicas y políticas de desarrollo. El grado de libertad de una economía tiene que ver con el nivel de eficiencia y capacidad de los agentes económicos para interactuar libremente con la menor interferencia del gobierno.

El Heritage Foundation, un centro de pensamiento ubicado en Washington D.C., creó su propia metodología para medir el índice de libertad económica (ILE) de las economías a nivel global. Para medirla, el ILE toma en cuenta el estado de derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia reglamentaria y la apertura de los mercados.

Según el ILE, las economías con mayor grado de libertad en el 2018, fueron, Hong Kong, (90.2), Singapur (88.8), Nueva Zelanda (84.2), Suiza (88.7), y Australia (80.9). No es casualidad que estas economías exhiben también un alto nivel de competitividad, crecimiento y calidad de vida, gracias a que implementaron políticas económicas y fiscales, fundamentadas en estimular la producción, la apertura a los mercados, la atracción de capital, y una buena gestión gubernamental.

Utilizando la metodología del Heritage Foundation, nuestra firma Inteligencia Económica Inc. desarrolló un análisis para conocer el nivel de libertad económica en la isla. El estudio nos fue comisionado por el Centro para la Renovación Económica Crecimiento y Excelencia, (CRECE).

Puerto Rico es moderadamente libre. Los resultados del estudio indican que Puerto Rico tiene un ILE de 61 puntos, es decir, un nivel moderado de libertad, que al compararlo con otras economías nos coloca en una posición no muy ventajosa. Por ejemplo, en la región de Centroamérica y el Caribe, economías vecinas como Jamaica (69.1), Panamá (67), y la República Dominicana (64.5), tuvieron mejores índices que Puerto Rico.

En América Latina, el país con mayor grado de libertad económica es Chile con un índice de (75.2). El resto de las economías del hemisferio, se consideran moderadamente libres, con un valor del índice entre 60 y 69.

Reformas para lograr libertad económica. Como parte del proceso para construir el índice para la economía de Puerto Rico, se evidenció que el rezago principal se concentra en las áreas en las que, en su mayoría, el gobierno local tiene un alto control.

Por ejemplo, en el área de la efectividad del sistema judicial, el valor del índice fue de 50, lo que evidencia un desempeño pobre. El sistema judicial necesita introducir reformas para independizarlo de las influencias políticas.

Igual rezago se evidencia en el área de integridad gubernamental, cuyo índice fue de 41.8, lacerado por los factores corrupción y falta de confianza en las instituciones públicas. De la mano de este indicador, la pobre gestión fiscal, afectó también el componente del gasto público, donde el valor del índice fue de 31.

Mientras que en el componente del sistema contributivo, Puerto Rico tuvo un índice de 61, el actual sistema contributivo ineficiente y confiscatorio afecta la libertad económica, según lo define la propia metodología. Mientras que en el área laboral, a pesar de la reforma del 2017, hay áreas que urge mejorar, y el valor del índice fue de 63.

En las áreas relacionadas a la apertura de mercado, Puerto Rico obtuvo mejores resultados. En lo que se refiere a libertad monetaria (77) por estar atados a la política monetaria de Estados Unidos, libre comercio (80), libertad de inversión (70), y libertad financiera (70). Estas áreas están cubiertas por un marco regulatorio federal, lo cual deja ver el grado de flexibilidad y libertad que provee esa esfera que no está cubierta por el gobierno local.

Luego de una década de estancamiento, el ILE no provee la hoja de ruta para implementar las transformaciones que necesita la economía para adquirir un nivel de libertad económica que le provea el dinamismo que necesita la isla para crecer.

Pese a la resistencia del sector político, algunas de estas reformas se están implementado por la Junta Fiscal, lo cual viabilizaría un proceso de crecimiento que no dependa ni del gobierno, ni de fondos federales para que la economía pueda desarrollarse a largo plazo.

Luego de la quiebra, el gobierno debe desistir de ser el gestor de los procesos económicos y se debe aspirar a un nuevo marco institucional que facilite la operación de los actores privados dentro de una economía que sea lo más libre posible.

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