Carlos J. Rodríguez Mateo

Tribuna Invitada

Por Carlos J. Rodríguez Mateo
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La salud de los confinados también es importante

La salud es imprescindible para el desarrollo pleno de todo individuo. El sistema correccional de Puerto Rico tiene un deber indelegable de atender las necesidades de salud de esta población, además de ofrecer medidas preventivas para reducir las comorbilidades (cuando una persona tiene dos o más enfermedades) presentes entre las personas presas.

Todos los años se invierten alrededor de $100 millones en el Programa de Salud Correccional para ofrecer servicios de salud de alta calidad. Sin embargo, para estudiar la efectividad de dichos ofrecimientos es menester investigar los indicadores en salud y cómo estos pueden ser abordados para delinear y dirigir los recursos de forma eficiente hacia las necesidades de los reclusos. Ante ello, estudios epidemiológicos han evidenciado altas prevalencias de enfermedades crónicas e infecciosas. Esto coloca a la población correccional en mayor riesgo de contraer otras enfermedades que compliquen su estado de salud.

Como médico y salubrista tengo la responsabilidad de velar por que todos los puertorriqueños, sin distinción, gocen de una atención integrada de salud de alta calidad, accesible, eficiente y efectiva. Como senador, me propongo indagar sobre estos servicios, sus métricas y resultados, para que muestren si realmente se destinan los recursos para la prevención  y buen manejo de la salud en la población institucionalizada.

La Resolución del Senado 825 busca precisamente que se realice una investigación exhaustiva sobre el estado de salud de la población correccional en Puerto Rico. En una isla donde las enfermedades crónicas se hacen más palpables cada día, es necesario conocer cómo esa realidad se traslada a la población correccional y cómo se atiende. Muchas veces los confinados sufren múltiples condiciones de salud que se deterioran durante su confinamiento. Peor aún, cuando ingresan no padecen muchas de las enfermedades con las que regresan a la libre comunidad. En mi Distrito Senatorial de Guayama existen cuatro instituciones correccionales, tres para adultos y una para jóvenes. Es mi responsabilidad hacer algo para garantizarle a la población correccional que reciban buenos servicios de salud.

Es vital conocer cómo las enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia en las instituciones correccionales, como hipertensión, asma bronquial, diabetes, dislipidemia, epilepsia, tiroidismo, anemia, osteoartritis, úlceras pépticas y otras, afectan a la población penal, y si se cumple con los protocolos para atenderlas. Igualmente, es un asunto de salud pública conocer cómo las enfermedades trasmisibles, como la Hepatitis C, VIH/SIDA, Hepatitis B, Hepatitis A, Gonorrea, Sífilis, Herpes, TB, Clamidia, y otras, afectan a la población correccional. Esta investigación no solo busca conocer la incidencia y cómo se tratan las enfermedades que afectan la salud, sino también conocer lascondiciones sanitarias en las instituciones correccionales para corregir y evitar focos de infección y contagio.

Por otro lado, tener buena salud también implica que la persona cuente con una buena nutrición, evite la vida sedentaria y haga algún tipo de ejercicio. Es necesario que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) se asegure de proveer al recluso una dieta balanceada que atienda las necesidades nutricionales de los que gozan de buena salud, y las de aquellos con alguna condición. Una buena alimentación evita la anemia, los problemas gastrointestinales y las úlceras pépticas, entre otros. Importa también que los reclusos tengan tiempo para ejercitarse, de forma tal que reduzcan su vida sedentaria y que puede llevarlos a desarrollar enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión.

Desde mi punto de vista como médico, me preocupa mucho cómo el sistema correccional trabaja con los confinados que presentan, una vez recluidos, situaciones de salud mental, alcoholismo y drogadicción. Es importante investigar cuál es la prevalencia y el tratamiento de estas situaciones. Conocer qué está pasando nos dará oportunidad de gestionar y promover soluciones reales y a corto plazo.

Los confinados son ciudadanos que por alguna razón han incumplido con las normas de conducta establecidas por la sociedad. Pero esto no es razón para condenarlos a un tratamiento deficiente de salud que coarte su derecho como ser humano a disfrutar de una buena salud física y mental.

El gasto del gobierno en el programa de servicios de salud de los confinados es millonario. Quiero tener las garantías suficientes de que este gasto realmente es justo y suficiente para atender las necesidades de salud de los sumariados. Conocer y mejorar la salud de los confinados y las confinadas previene la propagación de enfermedades transmisibles, reduce la carga y el impacto de las enfermedades crónicas y de salud mental, y da tranquilidad a los familiares de los reclusos. El mejoramiento de la salud de los confinados puede ayudarlos a su rehabilitación y reinserción a la sociedad. Por esa razón es importante que monitoreemos la salud de esa población.

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