William Vázquez Irizarry

Tribuna Invitada

Por William Vázquez Irizarry
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Las colegiaciones compulsorias

La semana pasada el Tribunal Supremo resolvió que la ley estableciendo la colegiación compulsoria de técnicos y mecánicos automotrices es inconstitucional. Esto ha suscitado una discusión sobre los restantes colegios que también descansan en una membresía impuesta como condición para ejercer profesiones.

El Tribunal aclara una interrogante nacida en el 2014, cuando declaró inconstitucional la colegiación compulsoria de los abogados. En aquella ocasión, decidió que obligar a los abogados a pertenecer a un colegio violentaba el derecho a la libertad de asociación de nuestra Carta de Derechos. En particular, declaró que se trata de un derecho fundamental, por lo que se presumía que la colegiación compulsoria era inconstitucional, a menos que el gobierno demostrara dos cosas. Primero, que la ley descansaba en un interés apremiante del Estado y, segundo, que no había un medio menos oneroso para alcanzar dicho interés. Puesto de otro modo, si podía alcanzarse ese interés sin obligar a los abogados a pertenecer a un colegio, prevalecía la libertad de asociación y la ley era inconstitucional. Eso fue lo que finalmente se resolvió.

Quedaba la duda entonces si la decisión solo aplicaba a los abogados o si las demás colegiaciones seguirían igual derrotero. La pasada semana se disipó dicha duda: los demás profesionales no gozan de menos libertad de asociación que los abogados. El resultado no es sorpresivo, si consideramos que la regulación de las profesiones en Puerto Rico suele descansar en un modelo binario de colegio profesional – junta examinadora. La última es un organismo de gobierno, dirigido por ciudadanos privados nombrados por el Gobernador, que suele regular temas como admisión a la profesión, fiscaliza la educación continua, maneja la renovación de licencias y los procesos disciplinarios.

Si existe una Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices, razonó el Tribunal, y es un ente que puede realizar las funciones de interés público delegadas al colegio, entonces el último no era “necesario”. Delegar dichas funciones a la Junta resulta, pues, un medio menos oneroso de regular, por lo que la colegiación compulsoria de los técnicos y mecánicos automotrices resultaba inconstitucional.

¿Son entonces todos los colegios compulsorios inconstitucionales? Asumiendo que la decisión no resulta alterada en un proceso de reconsideración, el escenario no es alentador para muchos colegios. Aunque se podría afirmar que la decisión se limita a declarar inconstitucional esta ley en específico, la realidad es que el Tribunal decidió con la pretensión de cubrir el tema de manera general. De hecho, precisamente por estar en desacuerdo, el juez asociado Luis Estrella, aunque votó para invalidar esta ley, criticó que la mayoría de los jueces acogiera un enfoque que afectaría otros colegios.

En este momento, todo colegio que se parezca en estructura y fines al Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices y que cuente con una Junta Examinadora, responde a un esquema legal que cualquier tribunal podría declarar inconstitucional. Esto, por cuanto las opiniones del Tribunal Supremo constituyen precedente que deben seguir todos los tribunales que tengan controversias similares.

Tal vez unos pocos colegios puedan aducir elementos particulares que los diferencien, pero igual tendrían que argumentar poseer funciones que no pueden ser delegadas a una junta. En tales casos habría que ver si el Tribunal Supremo considera un problema que su decisión no discute. Me refiero a la capacidad real de los Departamentos de Estado y Salud para dotar a las juntas examinadoras que cobijan, de los recursos para hacer todo lo que la Legislatura pudiera delegarles y que ahora hacen los colegios. Si lo anterior no se atiende, entonces presenciamos un “endgame”, no de los colegios, sino de la regulación de profesiones en general.

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