Edgardo Manuel Román Espada

Punto de vista

Por Edgardo Manuel Román Espada
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Las consecuencias del juicio a Trump

Al final, no hubo mayores sorpresas. El proceso constitucional para la destitución del presidente Donald Trump, iniciado en una Cámara de Representantes de mayoría demócrata, concluyó a favor del presidente por un Senado de mayoría republicana. El proceso de residencia o destitución, al que llamamos residenciamiento en Puerto Rico, apenas duró unas semanas. El bloqueo de testigos y la prisa por disponer del asunto en el Senado fueron estrategias de litigación promovidas para evitar un resultado adverso al presidente. La estrategia política fue exitosa. El Partido Republicano defendió a su candidato a la reelección. 

El Congreso federal de los Estados Unidos posee la poderosa facultad de destituir a un presidente. Se trata de la rama de gobierno con una dinámica eminentemente política. El proceso que acaba de concluir también lo fue. Y es que, a diferencia de los procesos judiciales o administrativos, la determinación de las reglas procesales, el análisis de la prueba sometida y de las normas evidenciarias son definidos por los mismos congresistas llamados a ser los jueces de la acusación. No se trata de un proceso de naturaleza penal, en el que se requiere probar los cargos más allá de toda duda razonable. Tampoco aplican las normas de selección de un jurado imparcial. La presencia del juez presidente de la Corte Suprema federal, por mandato constitucional, va dirigida a mantener el orden de los procedimientos. El juez Roberts no tenía el derecho de voto que posee cuando preside una vista.

Por tanto, las consecuencias del resultado del proceso contra Donald Trump serán igualmente políticas. Las veremos plasmadas en los resultados de las elecciones del próximo mes de noviembre. A corto plazo, su poder político luce intacto, lo que no es una buena noticia para sus opositores. A mi juicio, tampoco lo es para Puerto Rico. Trump ha demostrado una enorme desconfianza del aparato gubernamental de la colonia. Ha descrito, en varias ocasiones, al gobierno del país como corrupto. Los arrestos de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, así como las acusaciones criminales en contra de legisladores y la convicción de alcaldes por delitos federales no disipan el asunto. 

El desenlace del juicio político contra Trump permitirá que la política de retención en el desembolso de fondos federales destinados a Puerto Rico y el desvío de los mismos para otros asuntos continúen. También, que sus políticas de restricción y control de la emigración, así como la promoción de actitudes racistas sigan a todo vapor. Pero eso, tampoco es sorpresa para nadie.

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