Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Las “costillas” de los bonistas

Las decisiones emitidas en 30 de enero de 2018 por la jueza Laura Taylor Swain en dos litigios pendientes bajo la Ley Para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), parecen justificar las actuaciones tomadas por los últimos dos gobernadores de la Isla para financiar operaciones del gobierno a costillas de los bonistas. Además, envían un mensaje tajante a los fondos de inversión y bonistas principales: dedíquense a negociar y no esperen salir rápidamente de sus embrollos.

En el caso presentado por ACP Master LTD (ACP) contra el gobierno, la jueza desestimó una demanda presentada por bonistas que alegaron estar garantizados bajo el Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, y por el crédito (“Full Faith and Credit”) de la isla y un flujo de ingreso contributivo específico.

ACP argumentó, que el gobierno de Alejandro García Padilla en 2016 desvió $453 millones de su colateral para presupuestos operacionales y que el gobernador Ricardo Rosselló desvió otros $940 millones en 2017. A la vez, en 2016 el gobierno incumplió en el repago de la deuda constitucional por más de $817 millones.

El asunto es importante, porque la deuda a los bonistas con garantías constitucionales se reportó en $13,300 millones, más otros $4,500 millones garantizados con crédito del gobierno (“Full Faith and Credit”), elevando el total a los $17,800 millones. Esto sitúa a los constitucionales entre los acreedores mayores del gobierno, comparables a los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

La jueza Swain desestimó la demanda de ACP evitando entrar en los argumentos de tipo constitucional, mas bien basándose en la falta de jurisdicción sobre la materia, la ausencia de un caso justiciable y que los asuntos no estaban “maduros” para una decisión judicial.

Según la opinión, la demanda de los bonistas constituía una mera solicitud de opinión sobre una situación hipotética (“advisory opinion”) prematura. Pero la opinión no descarta que durante el proceso de aprobación del plan de ajuste de deudas, se presenten controversias similares sobre garantías constitucionales y el rango de los créditos garantizados y que se litiguen estos asuntos entonces en sus méritos.

La segunda decisión envuelve una demanda presentada por bonistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), alegando la titularidad de fondos contributivos designados específicamente como colateral para garantizar sus bonos. Estos bonistas alegaron, que los fondos le pertenecían directamente o por medio de un fideicomiso de los cuales ellos eran beneficiarios. La jueza decidió que las leyes citadas no concedían a los bonistas el derecho propietario sobre los fondos, procediendo a desestimar ésta parte de la acción por no contener una causa de acción válida.

Esta sentencia sigue las mismas líneas de la opinión emitidaen ACP al concluir, que algunas de las acciones que levantan los bonistas no tienen validez, y que otras no están maduras o no son justiciables.

Estas decisiones muestran a un tribunal inclinado a negar la amortización de la deuda de bonistas que alegan estar garantizados por legislación especial o por la constitución, durante la administración del caso de título III y durante el tiempo que tome llegar hasta la aprobación de un Plan de Ajuste de deudas.

De esta forma, el tribunal permite al gobierno utilizar estos fondos, que hasta ahora se consideraban exclusivos para los bonistas asegurados, a la vez que exime del pago de la deuda al gobierno durante el transcurso del caso.

También, el tribunal continúa en estas dos decisiones con una política de respeto a los poderes del gobierno territorial electo, según las limitaciones al poder judicial establecidas en la sección 305 de Promesa, que permiten al gobierno administrar sus activos e ingresos y ejercer sus poderes políticos sin la interferencia del tribunal.

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