Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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La seguridad ciudadana es responsabilidad del gobierno

Que la población en Puerto Rico se siente insegura es un hecho irrefutable. La realidad que viven los ciudadanos es de inseguridad e indefensión, no importa las alegaciones del gobierno ni las estadísticas nada confiables en las que se apoyan algunos funcionarios.

El clamor casi unánime de la ciudadanía apunta a un responsable: el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

Antes, durante y después del paso del huracán María, diversas voces han pedido la salida de Pesquera, pero el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, al día de hoy, sigue diciendo que el funcionario goza de su confianza.

Pesquera, quien devenga uno de los salarios más jugosos en la administración actual con $248,000 anuales, ha demostrado reiteradamente una actitud arrogante ante los reclamos de amplios sectores que cuestionan su falta de sensibilidad en el desempeño de su puesto a cargo de diversas agencias relacionadas con la seguridad pública.

Además de mostrar terquedad en sus decisiones, Pesquera refleja falta de compromiso en asuntos neurálgicos, como ocurrió con el número de muertes directas e indirectas provocadas por María, que devastó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017.

Pesquera se mantuvo durante un año insistiendo en la cifra de 64 muertes y rechazó los números de distintas entidades que reflejaban muchísimas más hasta que se vio obligado a aceptar el estudio de la Universidad George Washington, que estimó en 2,975 los fallecimientos provocados de manera directa o indirecta por el huracán.

Al parecer, con la entrada del nuevo año, a Pesquera se le agota su buena estrella, a juzgar por el reclamo que hizo la comisionada residente Jenniffer González al FBI para que interviniera en la crisis de seguridad pública en Puerto Rico.

El FBI coincidió con la apreciación de González, que contradice la posición de Pesquera y, más aún, la del propio gobernador Rosselló Nevares.

El gobernador ha convocado una cumbre sobre seguridad, pero diciendo que no hay crisis alguna a pesar de que ha comenzado a tomar medidas novedosas, como el traslado de empleados de los departamentos de Hacienda, Corrección y Rehabilitación, y de Recursos Naturales y Ambientales para realizar labores administrativas en la Policía y poder destinar así a más efectivos de la menguante fuerza policíaca a tareas de vigilancia y lucha contra la criminalidad. La medida estará vigente hasta finales del año fiscal en curso, que termina el 30 de junio próximo.

La Policía no solamente ha sufrido una merma de $37 millones en su presupuesto de este año fiscal, sino que también ha perdido efectivos. El presupuesto actual es de $891.5 millones, de los cuales $618.6 millones corresponden al pago de nómina.

La Uniformada perdió alrededor de 10,000 policías entre 2011 y 2018, en parte por los cambios en los beneficios de retiro. La fuerza actual se estima en 12,000 efectivos.

Otros componentes de las agencias de seguridad bajo la sombrilla que dirige Pesquera que están en crisis presupuestaria y de personal son los negociados de Bomberos, Ciencias Forenses, Emergencias Médicas y el 911.

El año ha empezado con balaceras a plena luz del día en lugares turísticos como Isla Verde y residenciales/comerciales como Puerto Nuevo, entre otros.

Ya los ciudadanos no solamente están encerrados en viviendas enrejadas, sino que también temen transitar por las vías públicas hasta durante las horas del día.

El argumento del gobierno para rechazar la percepción de inseguridad, basado en sus propias estadísticas, no tranquiliza al ciudadano de a pie, que vive en carne propia el incumplimiento gubernamental de su responsabilidad constitucional, legal y moral de velar por la seguridad de la población.

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