Luis Gallardo

Tribuna Invitada

Por Luis Gallardo
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Las importaciones y la Ley Jones

La Ley de Cabotaje es anticuada; su diseño y propósito son de otros tiempos. Casi existe un consenso de que es mala para Puerto Rico. Pero, aunque estudio tras estudio ha demostrado el daño que hace al consumidor boricua, no todo es “hunky dory”. Si la eliminación de la Ley de Cabotaje no se realiza en conjunto con medidas para fortalecer lo de aquí, su eliminación puede ser el fin de lo que queda de la producción local.

No me mal interpretes: hay que salir de la Ley. Simplemente no hay espacio para ella dentro de un mundo globalizado. Además, cuando se toma en consideración nuestra condición territorial es también una cuestión moral. Pero hay algo en lo que debemos estar conscientes y que nadie ha mencionado: si ya el pueblo puertorriqueño importa el 90% de sus productos con los precios exorbitantes de la Ley Jones, ¿cuál será la movida una vez eliminado esto? Será aún más fácil comprar del extranjero, desplazando y quebrando productores de ese 10% comparado con lo que consumimos localmente. Un buen plan de mitigación debe involucrar apoyo para lo de aquí y una reordenación de la estructura contributiva a un plan enfocado en maximizar la  producción y capital local.

La política pública actual favorece al extranjero grande sobre el local pequeño. Impone un impuesto tímido de 4% a las corporaciones foráneas comparando con el 35% estadounidense. Hace poco se reformó el sistema de permisos para permitir a las grandes tiendas de departamentos montar las operaciones desee sin considerar la cantidad de negocios locales que desplazará. Esto además del mandato (y cheque en blanco) que ha dado la Junta de Control Fiscal para liquidar cuantos bienes públicos deseen, ha puesto a Puerto Rico en una bandeja para el capital extranjero. Ese que casi no paga impuestos y que aporta mínimamente o hasta hace daño a la economía local. Mientras tengamos líderes con ese enfoque, la eliminación de la Ley Jones será un suicidio.

Una posible propuesta para mitigar los daños sería una reforma contributiva que incluya la imposición de un arbitrio general en los muelles en combinación con créditos, reducciones y exenciones del impuesto sobre el consumo para los productos locales. La reconfiguración de estos impuestos correrá paralelamente con la de desregulación de las importaciones. Lo recaudado, en turno, podrá ir dirigido a proyectos de desarrollo económico, fortalecimiento de la producción local y promoción de la soberanía alimentaria. Así, una porción de lo que el pueblo actualmente gasta en mantener la industria naviera estadounidense será destinado explícitamente para la creación de empleos y la estimulación económica. El resultado será creación de empleos, precios más baratos para productos locales, alivio para el consumidor y fortalecimiento del capital local.  

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