Héctor Luis Acevedo

Punto de Vista

Por Héctor Luis Acevedo
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Las lecciones de los recaudos del exgobernador

Uno de los principios básicos del derecho electoral es que las normas no se hacen con nadie en mente, pues los sujetos o casos cambian, pero la norma prevalece. Así sucede con los fondos que recaudó el gobernador Ricardo Rosselló.

El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, es un funcionario de ideología estadista que ha merecido el reconocimiento de todos los partidos por su integridad en el desempeño de sus funciones. Esa es la mejor tradición de Puerto Rico y confiamos la mantenga durante su servicio público 

El 9 de agosto de 2019 tomó la determinación de ordenar al Comité del exgobernador entregar a nombre del secretario de Hacienda toda recaudación obtenida desde el 3 de marzo de 2019 hasta el 21 de julio de 2019. Además, que haga los mismo con todo donativo restante, salvo que radique una candidatura en o antes del 31 de diciembre de 2019. Esa es su decisión al aplicar el artículo 5.004 de la Ley 222 que regula la fiscalización de donativos electorales.

Una revisión de los donativos de antes y después de las elecciones revela un gran incremento de estos en periodos no electorales mientras era gobernador de Puerto Rico. Estos sobrepasaron los $2 millones. No hay que ser un experto para saber que es mucho más fácil recaudar dinero para donativos políticos desde el poder que fuera del poder. 

No hay nada ilegal de por sí, pero nos convoca a pensar sobre las consecuencias de esa cercanía del dinero al poder y sus consecuencias. Cuando uno examina las acusaciones de corrupción en el gobierno, muchas de ellas tienen su vinculación original al financiamiento de las campañas políticas. 

Las campañas del gobernador gastan cerca de $10 millones de dólares normalmente. Esta última fue menos costosa por diferentes factores, entre ellos el que no había un gobernador que aspirara a la reelección. El dinero para dicho evento se parea con fondos públicos, lo cual disminuye la total dependencia de fondos privados recaudados. No se levantan $5 millones en las luces de tránsito. Se requieren cientos de actividades y una inmensa inversión de tiempo de los candidatos. 

Las tentaciones de donativos indirectos e ilegales siempre están presentes. Y cuando uno examina las acusaciones de corrupción, nota lo caro que le salen al pueblo esas recompensas desde el poder. Esta situación tiene fronteras constitucionales desde 1976 en los casos de Buckley y luego Citizens United.  La real alternativa es que usemos el dinero público para disminuir la dependencia de fondo privados. Esa es la realidad. No sonará bien, pero ignorar esa realidad es un grave error para nuestro pueblo.

Es por ello que llevo décadas explicando que el dinero más caro que le sale al país es el que se economiza en el financiamiento público de sus procesos electorales. Penny wise pound foolish dirían los ingleses. Se hace simpático eliminar fondos electorales como se hizo en este cuatrienio, y luego se sorprenden con las consecuencias. Un candidato no debe encontrase en la disyuntiva de entregar sus posibilidades de elección o aceptar donativos de dudosa procedencia o intención.

Estamos a tiempo para dialogar y legislar medidas que progresivamente atajen el camino de la corrupción. Disminuir la influencia del poder del dinero y del dinero del poder es el comienzo.

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