José Caraballo Cueto

Punto de vista

Por José Caraballo Cueto
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Las medias verdades del ajuste de deuda

La parte positiva del nuevo plan de ajuste de deuda es que acorta a dos las generaciones que serán impactadas y que aumenta el recorte a los bonos del Sistema de Retiro (ERS, en inglés) y la Autoridad de Carreteras (AC). Sin embargo, la Junta de Control Fiscal (JCF) esbozó una serie de medias verdades sobre este plan que conviene aclarar.

Recorte de 70% en la deuda global

Este plan de ajuste es solo sobre la deuda del gobierno central, no sobre toda la deuda pública. Suponiendo que el resumen de la JCF es correcto, en la página 9 dice que los bonistas recobrarán el 41.3%, por lo que el recorte de principal es 58.7%, no 70%. Ya que el recorte en otras deudas fue muy generoso (por ejemplo, en Cofina fue cerca del 30%), la deuda pública completa probablemente termine con una reducción de 40%. Eso de por sí no dice nada: lo importante es si ese recorte es sostenible y parece que no lo es. Todos los análisis de sostenibilidad apuntan a que el recorte de principal global que haría la deuda sostenible era entre 60 y 80%.

El recorte a la deuda es mayor ahora que en el plan anterior

Para ERS y AC sí es mayor: antes se le recortaba el 87% y ahora el 97%. Pero, a los bonistas de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y de las Obligaciones Generales (GO, en inglés) antes se le recortaba entre 36% y 55% y ahora se les recorta entre 25% y 35%. Peor aún, este acuerdo da mayores garantías en caso de una segunda reestructuración al crear una cuenta especial para su repago (revenue bonds), garantías que antes no tenían.

El pago de la deuda se redujo de $4,200 millones a $1,500 millones Según el presupuesto consolidado, en el año fiscal 2015 se pagó $4,187 millones en la deuda de todo el gobierno. Ese pago no se puede comparar con los $1,500 millones que es el pago de la deuda propuesto ahora solo para parte del gobierno.

El pago de la deuda de todo el gobierno serían los $1,500 millones de este plan, más los $2,000 millones de las pensiones que se pagan con impuestos, más los servicios de la deuda de las corporaciones públicas pendientes. Al final probablemente el pueblo pague cerca de $4,000 millones en distintos tipos de deuda: cercano al pago ocurrido en 2015, aun cuando ahora hay menos población.

Lo que no dice la JCF es que, antes del huracán, estimó que el pago sostenible de toda la deuda era en promedio $822 millones, aun considerando los casi $2,000 millones en impuestos que pagan las manufactureras foráneas por la incierta Ley 154 (ver plan fiscal de 2017). Después de tres desastres naturales no se puede pagar más deuda que antes. Si hubiesen definido los servicios esenciales antes de María, después de María y después del terremoto, sabrían que la demanda de servicios esenciales aumentó.

Hay quien piensa que la reconstrucción solucionará todo. Sin embargo, esa reconstrucción no está garantizada ni durará varias décadas como sí durarán estos acuerdos de deuda.

Otros alegan que era mejor esta negociación que continuar impugnando unos $6,000 millones de bonos cuestionables de AEP y GO -deuda que ahora será legítima- porque eso supuestamente hubiese cerrado el acceso a los mercados de crédito. Es importante recordar que las decisiones de inversión se toman mirando hacia el futuro: para regresar exitosamente al mercado crediticio (cuando sea estrictamente necesario), más vale tener una economía robusta con un pago de deuda moderado que una economía moribunda en parte por haber sido tan generosos en la reestructuración actual.

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Aunque el nuevo plan de ajuste acorta a dos las generaciones que serán impactadas por el acuerdo, la JSF ha esbozado medias verdades que hace falta aclarar.

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