Alba Nydia López Arzola

Punto de vista

Por Alba Nydia López Arzola
💬 0

Las medidas de emergencia no suspenden los derechos humanos

Hoy nadie duda de que los estados democráticos deben tener herramientas jurídicas para atender situaciones pandémicas, sin salirse de la legalidad ni de las normas éticas vigentes. Ante la propagación del COVID-19, millones de personas en el mundo entero han visto restringida su libertad de movimiento y de reunión. Sin embargo, estas medidas urgentes no suspenden los derechos humanos fundamentales.

Entre una larga lista, deseo destacar tres derechos humanos plenamente vigentes en medio de esta pandemia: el derecho universal de acceso a la información, el derecho a la salud y la protección de los grupos vulnerables. En esta crisis, debe garantizarse que las personas afectadas por las medidas restrictivas de su libertad tengan acceso a la información respecto a la amenaza concreta que representa este virus para la salud y las formas para mitigar los riesgos personales y colectivos. Los ciudadanos tienen el derecho a conocer el estado de situación actualizado y la susceptibilidad de la población. Deben conocer las iniciativas de respuesta gubernamental en curso y las posibles consecuencias de su implementación. La información debe dar la oportunidad de identificar a los responsables del manejo de la emergencia para la futura rendición de cuentas. El principio aplicable es que la información sea clara, confiable, accesible, oportuna y significativa. 

De restringirse la información u obviarse la transparencia que requiere estas circunstancias extraordinarias, donde hemos acatado como necesarias las limitaciones decretadas por la OE 2020-023, el gobierno menoscabaría el derecho fundamental de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole y pondría en riesgo la capacidad de respuesta individual y colectiva. El acceso a la información es un derecho universal autónomo, pero es a la vez un pilar esencial para la plena efectividad del derecho a la salud, que incluye el acceso general a servicios de cuidado médico de calidad, así como la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas que pueden provocar epidemias o pandemias como lo es hoy el COVID-19. 

Ante la propagación del COVID-19, ningún esfuerzo preventivo es exagerado. Sin embargo, en medio de esta emergencia de salud pública, los gobiernos democráticos no pueden relajar la atención de los grupos más vulnerables, entiéndase las personas de edad avanzada, los discapacitados, las personas sin hogar y los migrantes, entre otros. Lamentablemente, en Puerto Rico los grupos vulnerables tienen menos probabilidades de disfrutar el derecho humano a la salud en la vertiente de accesibilidad a la asistencia médica, tan básico y fundamental para el bienestar físico y mental a lo largo de toda la vida.

El distanciamiento físico ordenado por la gobernadora de Puerto Rico ha sido necesario para ganar tiempo a esta pandemia y evitar que nuestro sistema de salud, ya en precario y no tan accesible por sus costos y la falta de disponibilidad de especialistas, colapse por la demanda de servicios de cuidado médico. Es tiempo de cuidarnos a nivel individual, cumplir con las directrices de las autoridades, y ejercitarnos en la solidaridad social, porque solo así cuando esto pase seremos mejores que antes, más justos y responsables por el bienestar de todos los residentes de esta hermosa tierra. 

Otras columnas de Alba Nydia López Arzola

💬Ver 0 comentarios