Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Las oportunidades después de María

A casi dos semanas del golpe mortal del huracán María nos parece meritorio realizar un ejercicio de los efectos de este evento natural sobre la economía puertorriqueña. El marco de referencia del análisis tiene que partir del estado de insolvencia del gobierno local y el proceso de quiebra en el que estaba el sector público. 

Previo al impacto de la tormenta, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) comenzaba a implementar las medidas de austeridad, como la reducción en la jornada del gobierno, y comenzaba la mediación para reestructurar la deuda.

Ya $50,000 millones de la deuda pública habían sido enviados al título III de PROMESA (reestructuración bajo el proceso de quiebra). Los principales indicadores económicos reflejaban una economía desarticulada y en caída libre, donde solo algunos sectores como el turismo, la agricultura, y los servicios, reflejaban alguna estabilidad. La incertidumbre y la ausencia de mecanismos de reactivación económica agudizaban la ya compleja situación de Puerto Rico.  El golpe inadvertido de “María” ha cambiado radicalmente el futuro de la Isla.

El huracán nos golpea cuando el país estaba de rodillas.

Así las cosas, el impacto del huracán María ocurre en un momento en el cual el país estaba de rodillas, ante la quiebra gubernamental y la fatiga de los principales sectores productivos.

El azote de lo que posiblemente es el peor evento atmosférico en la historia moderna dentro de una jurisdicción de los Estados Unidos, representa un golpe mortal a la economía de la jurisdicción más pobre y la única en situación de quiebra de la nación. Nunca se habían juntado dos eventos como estos a la vez -la insolvencia del gobierno con un huracán categoría 5 de manera simultánea. Estamos presenciando la peor situación que posiblemente ha tenido Puerto Rico en toda su historia. 

Nuestros estimados preliminares apuntan el costo directo sobre la economía entre $40,000 y $50,000 millones. Esto pudiera ascender si no se logran normalizar los abastos de combustible a los hospitales, los centros de producción, comercios, y no se logran reestablecer las telecomunicaciones. Por espacio de al menos un mes, el 50% de toda la fuerza laboral se verá afectada, mientras que la banca y otros acreedores se han visto obligados a conceder prórrogas en los pagos de los ciudadanos.

Igualmente, los costos pueden ir ascendiendo en la medida en que se retrasen el restablecimiento del agua y de la energía eléctrica.  El primer servicio avanza mucho más que la energía, y ya 50% de la isla tiene agua, mientras es incierto cuando se energizará a Puerto Rico, pues el sistema de transmisión está destruido.

La perdida de infraestructura física y productiva, de residencias, de comercios, así como el disloque de la actividad económica de toda la Isla, por un tiempo prolongado de tiempo, representan lo que los economistas llamamos un “shock” externo al sistema. 

Amplios sectores productivos fueron afectados, como la agricultura, fábricas, comercios, hoteles, la banca, los centros educativos y los hospitales, lo que plantea serios retos para el funcionamiento de la economía en el corto plazo. Los trabajos de reconstrucción y normalización de las cosas tomarán al menos entre 6 a 12 meses.

No olvidemos que Puerto Rico es sede de más de 25 establecimientos de manufactura de medicamentos, de alcance global, y desde la Isla se exportan $48,000 millones en medicinas al resto del mundo. Importantes empresas multinacionales tienen aquí operaciones estratégicas para suplir a otras plantas y a mercados globales.

El financiamiento de la reconstrucción

Mientras aún continúan las labores de rescate, unas de las interrogantes sobre la rapidez en la que saldremos del hoyo es precisamente cómo y quién financiará la reconstrucción de Puerto Rico. 

Como señalé al principio, el gobierno de la isla se encuentra totalmente insolvente, con una deuda sin fuente de repago cercana a $110,000 millones, si se incluyen los sistemas de pensiones del gobierno.

En febrero del 2014 el crédito del gobierno fue degradado y perdimos accesos a los mercados de capital, por lo tanto, no hay mecanismos de financiamiento, al menos mientras el gobierno esté en quiebra bajo la Ley PROMESA.  

Así las cosas, más allá del dinero que enviará FEMA, la Junta Fiscal, el Congreso y el Departamento del Tesoro Federal, junto con el gobierno local, deberán idear algún mecanismo que viabilice dinero nuevo para reconstruir la infraestructura e inversión para reactivar la economía. Hemos estimado que Puerto Rico necesitarán al menos una inyección de $60,000 millones en un período de 36 meses, para levantar la economía.

Hasta el momento, los acreedores han guardado silencio. En la Capital Federal, más allá del Speaker Paul Ryan, y otras figuras como Marcos Rubio, y Nancy Pelosi, no ha habido una expresión clara del Congreso sobre un paquete de ayuda para la isla. El presidente Donald Trump tampoco parece estar muy claro de cómo va a ayudar a Puerto Rico, y parece moverse por la presión pública.

En fin, el huracán María nos impone la ardua tarea de comenzar desde cero, y unir voluntades como nunca antes para construir un nuevo y mejor Puerto Rico. 

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