José A. Hernández Mayoral

Tribuna Invitada

Por José A. Hernández Mayoral
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Las posturas ante la Junta

T odavía es muy temprano para hacer valoraciones definitivas sobre la Junta de Supervisión Fiscal. Por ahora hay una desconexión entre políticos y analistas por un lado y el pueblo por el otro. Los políticos y los analistas ven la Junta como una imposición colonial que hace necesario y urgente “redefinir la relación” con los Estados Unidos. Pero el mes pasado se celebró un plebiscito para la “inmediata descolonización” de Puerto Rico y solo el 23% de los electores mostró interés en el asunto. Evidentemente, el pueblo tiene otro sentido de prioridades.

El pueblo lo que quiere es que se resuelva la crisis. Mientras tanto, los políticos y los analistas, más que querer resolver la crisis, han querido aprovecharla para impulsar sus agendas viejas de status. No lo han logrado, pero resisten aceptarlo.

El pueblo no está engañado. Sabe que la Junta la impuso el Congreso y que con ella invaden áreas de gobierno propio de Puerto Rico. Pero no cree que fue por caprichos coloniales ni ínfulas de poderes plenarios, como se pregona continuamente, sino por la necesidad de atender una emergencia que por ineptitud los políticos puertorriqueños no afrontaban correctamente. Aunque al pueblo no le gusta que haya una Junta no electa apretando el presupuesto, intuye que sin ella las cosas estarían peligrosamente peor.

Su actitud inicial hacia la Junta, en combinación con la escasa participación en el plebiscito, lo que sugiere es que los puertorriqueños no le atribuyen la crisis al status de Estado Libre Asociado, sino a su mal gobierno. Búsquenle otras explicaciones si quieren, pero ante la peor crisis económica que nadie pueda recordar, si la gente creyera que el problema de fondo es el status, el boicot del Partido Popular Democrático (PPD) no hubiera funcionado y no se hubieran quedado cientos de miles de estadistas en sus casas. Para los que creen que es necesario cambiar el status, ese era el día para expresarlo.

Hay otra manera de verlo, que no es realmente una explicación alterna, sino más bien otro ángulo de la misma explicación. El pueblo entiende que aquí no va a ocurrir un cambio de status y espera que los políticos afronten la crisis con los instrumentos que tienen y no obstaculicen la acción persiguiendo quimeras.

La Junta, por su naturaleza como ente apolítico, eso es lo que hace. Trabaja con lo existente. Ha gestado un plan fiscal fundamentado en la estructura de recaudos de un gobierno con autonomía fiscal. Es decir, de un gobierno autonómico que fija toda la política contributiva de sus residentes y retiene para sí todos los recaudos. (En contraste con los estados que comparten los recaudos con el gobierno federal quien fija el grueso de la política fiscal de acuerdo a sus necesidades.)

Aunque no lo diga expresamente, el Plan Fiscal supone que esa estructura autonómica no habrá de cambiar en el periodo que tome enderezar la situación y se vean bases firmes de estabilidad.

La Junta, por supuesto, no se mete en discusiones políticas. Pero si la citaran a una vista congresional para preguntarle el impacto de la estadidad sobre el Plan Fiscal, no le quedaría más remedio que reconocer que lo haría añicos y que le resultaría imposible concebir uno viable sobre la bases de un régimen contributivo compartido. El efecto sería el mismo que llamar a un camión de mezclar concreto para que deposite seis pies de hormigón sobre el ataúd de la estadidad.

Podría ser bueno que el Congreso así lo hiciera. Quizá entonces algunos entiendan que son tiempos de remar todos en la misma dirección, al menos por un buen rato.

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