Jesús Manuel Ortiz

Tribuna Invitada

Por Jesús Manuel Ortiz
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Las prioridades trastocadas

La semana pasada la Cámara de Representantes, a través de su Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa, discutió el presupuesto propuesto para el año 2018-2019. A través de las comparecencias del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Departamento de Educación, Oficina de Administración de Tribunales, entre otras, pudimos constatar los efectos que recortes sustanciales tendrán en los servicios básicos de los ciudadanos.

En las vistas, varios secretarios de gabinete admitieron que con el presupuesto propuesto, simplemente no tienen recursos suficientes para mantener sus departamentos operando. Ese fue el caso del DSP, cuyo secretario, Héctor Pesquera, confesó las graves necesidades que enfrentarían los distintos negociados, que incluyen la Policía, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas, Bomberos y Ciencias Forenses.

Pesquera dejó claro que las reducciones van de 9% a 22%, comparado con el presupuesto vigente, lo que representa unos $53 millones menos. Dijo que las mismas no permitirían la operación de la agencia encargada de brindar seguridad a nuestra gente.

Tal es el grado de seriedad de este asunto que, al día de hoy, antes de aplicarse los recortes, ya Puerto Rico vive una crisis de seguridad pública con cuarteles sin equipo ni policías, pueblos sin ambulancias del estado y con cerca de 300 paramédicos menos, serios problemas de comunicación y equipo en Bomberos y problemas para esclarecer casos a raíz de la crítica situación del Negociado de Ciencias Forenses.

Lo mismo sucede en el Departamento de Educación. A preguntas de este legislador, la Secretaria Keleher fue clara en el efecto en los servicios que ocasionarán los recortes de sobre $78 millones en servicios de educación especial, $38 millones para compra de libros y servicios de transportación escolar, $29 millones para el mantenimiento de planteles, $8.9 millones para servicios de remedio profesional en educación especial, entre otros. Esta falta de fondos afectará terapias a niños de educación especial, educación de adultos, seguridad en los planteles, internet en las escuelas, educación vocacional, adiestramientos en lenguaje de señas y muchas otras áreas.

Esta situación es producto de las decisiones presupuestarias del Gobierno y la Junta. El presupuesto que se evalúa actualmente contiene una serie de aumentos que no se justifican y que deben ser redirigidos de inmediato a las áreas prioritarias. En total suman $65.9 millones que se desglosan de la siguiente manera: $9 millones para aumento de gastos legales de la Junta en los casos bajo el Titulo III, aun cuando ya cuentan con $261 millones para esos fines; $4.7 millones de aumento en el presupuesto de la Junta; $23 millones de aumento para la OGP sin detallar sus usos; otros $3.2 millones para aumento de contratos y nómina en La Fortaleza y $1 millón para sistemas de compras sin detallar. Pero no es todo, además se aprobó en la Cámara y se discutirá esta semana en elSenado, el proyecto sobre la Ley 80, que consigna otros $25 millones (100 millones en tres años) para incentivar el despido injustificado de miles de trabajadores de la empresa privada, en vez de usarse para incentivar la creación y retención de empleos en la Isla.

El reclamo es sencillo; que la Asamblea Legislativa y el gobernador Ricardo Rosselló comiencen por resignar esos $65.9 millones de fondos destinados a áreas no prioritarias, y los redirija a aquellos programas y servicios directos a la gente como los de educación especial y seguridad pública. Enviar a los jefes de agencia a responsabilizar a la JSF por el presupuesto no es suficiente; el ejecutivo y la legislatura tienen el deber sagrado de proteger los servicios esenciales. No hacerlo sería poner los intereses de la Junta sobre las necesidades más básicas de la gente. En este caso, de los estudiantes de educación especial y la seguridad de las familias puertorriqueñas.

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