José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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Las reformas impostergables

Aunque las reformas del lado de la oferta han sido cuestionadas incluso por el mismísimo Fondo Monetario Internacional, la Junta de Control Fiscal (JCF) continúa pregonándolas como “reformas estructurales necesarias”. Lo plantea así, a pesar de que los recaudos del gobierno crecen desde mayo. Esa es la mejor evidencia de que su discurso es ideológico.

Sin embargo, ¿cuáles serían las reformas estructurales necesarias?

Veamos:

Reformar la cadena de distribución- Las leyes de cabotaje marítima y aérea impactan la capacidad productiva (Ver mi columna “Dudas con las leyes de cabotaje”). Además, usar un solo puerto comercial y la alta congestión vehicular afecta la cadena de distribución (Ver columna “La geografía económica” para algunas estrategias).

Reformar la deuda –Parte de la deuda de Haití fue condonada luego del terremoto porque parecía inconcebible que una economía débil pagase más deuda luego de un desastre. Pero, a la JCF no le parece inconcebible duplicar después del huracán María los pagos separados para la deuda para el periodo 2019-2023, en comparación con el plan fiscal antes del citado ciclón. Al no definir los servicios esenciales pre y post María, los nuevos recaudos que llegarán (producto de las nuevas ventas que habrá en la construcción) los utilizarán para pagar más deuda y no para reducir la austeridad. Así, María funciona como un salvataje a los bonistas. Los análisis de sustentabilidad de deuda apuntan a que el recorte de la deuda debe ser de 60% o más (Véase Gluzmann, Guzmán y Stiglitz, 2018) y el 72% de los economistas favorece ese recorte. Sin embargo, los acuerdos de reestructuración proponen un recorte cercano al 30%. Resta que los servidores públicos voten en contra al plan de ajuste de deuda que el tribunal enviará y que todos reclamemos a los legisladores que rechacen dos proyectos legislativos (Cámara 1837 y Senado 1114) que buscan legitimar el acuerdo leonino de la deuda de Cofina.

Reformar el CRIM- El impuesto al inventario representa una doble tributación: pagas antes de vender la mercancía y cuando la vendes también pagas una “patente municipal”. Gran parte de este costo se lo pasan a los consumidores, contribuyendo al alto costo de vida. Además, es un error disuadir los inventarios en una isla impactada por una cadena de distribución maltrecha. Para compensar la eliminación del impuesto al inventario propongo que se aumente la tributación de propiedades lujosas y que se consoliden las tareas administrativas municipales. El 78% de los economistas locales favorecen un impuesto al lujo y hasta Fortuño y Bernier tuvieron propuestas para que las propiedades caras tributaran más. Además, así podríamos ver algún efecto de la Ley 22 de 2012.

Reformar incentivos- Los municipios y el gobierno son muy incompetentes (o negligentes) al otorgar incentivos a empresas que no crean empleos netos (un detallista o restaurante crea empleos al desplazar sus competidores), a empresas que hubiesen invertido en ausencia de incentivos (empresas biotecnológicas agrícolas que vienen por el clima ideal) y a empresas que no crecen o exportan. Peor aún, se permite que vendan los créditos contributivos, creando toda una serie de distorsiones (Véase mi columna “A eliminar la venta de subsidios”).

Reforma energética- El prestigioso economista Robert Pollin presentó recientemente su artículo “Austerity Versus Green Growth for Puerto Rico”, donde plantea que la energía solar puede crear hasta 80,000 empleos (netos) al invertir localmente los $2.7 mil millones importados en combustibles fósiles y al reemplazar la infraestructura. Esto contrasta con la JCF, que acordó imponer un cargo “de transición” a la factura energética (un 10-15% de aumento) y con el gobierno local, que apuesta al gas natural, el cual no ha traído grandes beneficios en el pasado.

Es hora de pensar fuera de la cajita neoliberal.

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