Juan Zaragoza

Punto de vista

Por Juan Zaragoza
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Las taquillas de Miranda

“La corrupción parecería formar parte de la vida normal de una sociedad, una dimensión denunciada pero aceptable del convivir ciudadano” (Papa Francisco)

No soy psicólogo, ni intento serlo, pero estoy convencido de que el sentimiento que arropa con más fuerza al legislador Guillermo Miranda, al igual que en su momento, al juez Rafael Ramos Sáenz de la Comisión Estatal de Elecciones y otros tantos que han cogido robándose la base, es la sorpresa.  No los arropa la vergüenza, ni siquiera al nivel de un mero sonrojo, ni tampoco el arrepentimiento, aunque sea tarde y poco; lo que los abruma es la sorpresa de verse juzgados por una sociedad donde gran parte juega el juego por el cual hoy se les condena. Imagino a Miranda, cuestionando qué hay de malo en exigirle a sus empleados que vendan taquillas, cuando él los ve como herramientas para politiquear.

No dudo que la sorpresa también embargue a muchos soldados de la fe partidista que diariamente defienden su ideal y su trabajo ofreciendo servicios políticos.  Esos se preguntan, pero y qué hay de malo, todo el mundo lo hace, no estamos robando, entre otros razonamientos que normalizan lo incorrecto.

Para todos ellos lo condenable no es el pecar, si no el ser tan tonto de dejar el rastro suficiente como para que te cogieran.  Para todos ellos la moraleja de la historia no es cuestionar si debiesen estar vendiendo taquillas, sino que “con esto de los celulares, ahora hay que ser cuidadoso pa’ que no te pillen”. 

En ese lodazal de presiones, requisitos e influencias es que ha caído el servicio público mediante la contratación gubernamental por el ya casi eliminado principio del mérito. No hay más que ver las portadas recientes de los periódicos donde se resalta el entramado de contratos a parientes y dolientes del Superintendente del Capitolio, entre otros. 

Si triste es ver como la politización ha corroído los cimientos del gobierno y de los que viven de él, peor es ver como existe un gran porciento de la población para quien el comportamiento de Miranda y el del Superintendente del Capitolio son perfectamente aceptables. Hay que destacar que con esto de la reducción del gobierno cada vez hay menos servidores públicos de carrera y más los empleados de gobierno por contrato sin requisitos de ética gubernamental.

Las presiones políticas a las que muchos empleados públicos están sujetos son reflejo del juego de poder que carcome las agencias, donde como regla general el sistema de mérito brilla por su ausencia. Esto me recuerda a un empleado mío en Hacienda allá para 1992, a quien al notificarle que iba a ser premiado por su excelencia, corrió a suplicarme que no lo premiaran.  Me indicó, que era activista PNP y tenía un puesto asegurado cuando ganaran, por lo que recibir un premio de los populares lo destruiría. 

Ninguna agencia puede funcionarsi el mérito es sustituido por la lealtad a un partido, el que sea.  Esto hace imprescindible reformar, no solo la forma de gobernar y los partidos, sino también el sistema de operar en las agencias y corporaciones públicas. 

Todo el mundo tiene derecho a un ideal, a lo que no tienen derecho es a condicionar el progreso o el sustento de los empleados a esto, mucho menos a supeditar el servicio al ciudadano, por el servicio al partido. 

Estoy convencido de que es hora de discutir este tema que se habla solo por lo bajito y el cual le cuesta el cuello al político que lo mencione. Es hora de cuestionar y de dar por terminado la existencia de organizaciones políticas en las agencias de gobierno. Organizaciones que en muchos casos forman una estructura paralela a la estructura organizacional oficial y en la que la solo se exige un requisito: la lealtad no al país, si no al partido.

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