Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Las tentaciones de Wanda Vázquez

Salvo los estudiosos, pocos saben quién fue Lord Acton. Pero todos hemos escuchado alguna vez la famosa frase del historiador inglés: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.

En estos tiempos de pandemia en los que los gobernantes de todo el mundo han implantado restricciones a la libertad individual de sus ciudadanos, algunas cuestionables aunque poco cuestionadas, Puerto Rico no se ha quedado atrás.

La gobernadora Wanda Vázquez declaró la emergencia, impuso un toque de queda, y estableció algunas medidas efectivas y otras no tanto, como la regla del último número de la tablilla para circular en días alternos.

Pero eso es solo una distracción para que no nos ocupemos, ni nos preocupemos, por otras actuaciones de su gobierno durante la crisis por el coronavirus.

Los excesos de la Policía son el ejemplo más reciente. El arresto improcedente del activista social Giovanni Roberto, afortunadamente resuelto a su favor por un juez sensato, le puso nombre y apellido a la afición policíaca por la restricción de las libertades civiles.

Es cierto que el confinamiento en casa es la medida más efectiva que los gobiernos alrededor del mundo han identificado para contener el avance del virus. Pero no puede ser a costa de derechos elementales reconocidos, ni de servicios esenciales a la ciudadanía, como la alimentación de miles de niños cuyas escuelas cerraron debido a la pandemia.

En España, donde he pasado el confinamiento ordenado por el gobierno desde el 14 de marzo, no hay toque de queda. Los horarios de los comercios abiertos, que a partir de este lunes han aumentado, dictan igualmente los horarios para la circulación.

Las escuelas españolas cerraron, aunque hay clases telemáticas para un gran segmento de la población escolar y universitaria, pero hay comedores sociales para repartir comida a los necesitados, no solo a los niños.

Siempre hay quejas. En todo país que haya puesto en vigor restricciones al movimiento y las actividades de las personas tiene que haberlas y sirven de control y de denuncia contra los excesos.

Son tiempos en los que los gobernantes tienen que ejercer más cuidado. Y evitar a toda costa ceder a presiones políticas, económicas o sociales a la hora de tomar decisiones y actuar.

En Puerto Rico, el escándalo reciente de la fallida compra de un millón de pruebas rápidas por la insólita suma de $38 millones, por el que todavía no se han fijado responsabilidades, demostró cuán vulnerable a esas presiones puede estar un gobernante.

La reapertura económica parcial iniciada este lunes en la isla también responde a presiones de diversa índole y se ha decidido justo cuando se espera el pico de contagios, que está aún en fase de escalada. En Asia y en Europa la desescalada comenzó una vez se estabilizaron los contagios y empezaron a bajar las cifras.

Debería preocuparnos que, en situaciones como la actual, la toma de decisiones sea tan antidemocrática como lo es en Puerto Rico.

El poder reside en la gobernadora Vázquez, quien no necesita autorización de la legislatura ni de ningún tribunal para decidir. En España, por ejemplo, el presidente del gobierno debe acudir cada dos semanas al Congreso para extender el estado de alarma.

Confiar ciegamente en el buen uso del poder por parte del gobernante es un error. Las tentaciones son muchas, y ya Lord Acton nos advirtió de las consecuencias.

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