Rafael Cox Alomar

Tribuna Invitada

Por Rafael Cox Alomar
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La suprema definición

C uatro años después de la inauguración del Estado Libre Asociado (y luego de la aprobación de la Resolución 748 de las Naciones Unidas que removió a Puerto Rico de la lista de colonias de la ONU) Calvert Magruder, entonces juez presidente de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, sugirió en Figueroa v. People of Puerto Rico, 232 F.2d 615, 620 (1st Cir. 1956) que si la Constitución de Puerto Rico fuera simple y llanamente otra ley orgánica (de igual estirpe que las leyes Foraker y Jones) el Congreso habría consumado un monumental fraude (“monumental hoax”) contra el pueblo puertorriqueño.

Ese monumental fraude, inimaginable para el juez Magruder (quien había sido el autor de la decisión del Circuito en Mora v. Mejías, 206 F.2d 377 (1st Cir. 1953)), quedó lastimosamente al desnudo este pasado 23 de diciembre, cuando la administración de Barack Obama, por voz de su procurador general Donald Verrilli, hizo admisión de culpabilidad ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

En su comparecencia ante el Supremo, en calidad de amicus curiae en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Sánchez Valle, la administración de Barack Obama hizo las siguientes alegaciones (todas contrarias al discurso estadolibrista tradicional):

1. Puerto Rico es un territorio bajo la soberanía de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso conforme la cláusula territorial (pp. 3, 4, 9).

2. El Congreso, en el ejercicio de esos poderes plenarios, puede modificar unilateralmente el arreglo constitucional de 1952 (p. 8).

3. En 1952 el Congreso no entró en ningún pacto bilateral irrevocable (sobre la base del consentimiento mutuo) con el pueblo de Puerto Rico porque, conforme la Constitución federal, el Congreso está impedido de transferirle irrevocablemente atributos de soberanía a los territorios (p. 8).

4. El diseño constitucional federal sólo admite la existencia de tres soberanos: los estados, las tribus indias y el gobierno federal. Puerto Rico y el resto de los territorios, por el contrario, son criaturas políticas subordinadas en su totalidad a los poderes plenarios del Congreso (pp. 12, 15, 16).

5. El status político de Puerto Rico, desde 1898 para acá, no ha variado en lo más mínimo (pp. 22, 23, 24). Seguimos siendo colonia.

Si relevantes (y punzantes) son las conclusiones a las que llega el procurador general en su alegato ante el Supremo, mucho más impactantes son las implicaciones que se derivan de tales conclusiones.

¿Y cuáles son esas implicaciones?

En primer lugar, la culminación del ELA bajo el esquema federal es un imposible a los ojos de las ramas políticas en Washington. La postura que ha asumido el procurador general (aún en ausencia de la decisión que el Supremo tomará en su momento) refleja de forma contundente la posición que invariablemente han adoptado administraciones demócratas y republicanas con respecto al mito de la culminación del ELA.

En segundo lugar, si el Supremo llegara a acoger el argumento del procurador general se despejaría el camino para que el Congreso nos imponga de forma unilateral, y sin impedimento constitucional alguno, una junta de control fiscal federal integrada por personajes nombrados por el presidente con el consejo y consentimiento del Senado federal pero sin el aval del pueblo de Puerto Rico --- retrotrayéndonos a los tiempos de la denigrante ley Foraker.

En tercer lugar, ese mismo planteamiento crea, sin embargo, las condiciones para que llegado el impago nuestros acreedores demanden a los Estados Unidos como deudor solidario, por las obligaciones que su territorio caribeño no va a poder pagar. No olvidemos la premonición del juez Clarence Thomas en Limtiaco v. Camacho, 549 U.S. 483, 491-92 (2007) en referencia a la ley orgánica de Guam: “[t]he debt-limitation provision protects both Guamanians and the United States from the potential consequences of territorial insolvency.”

En cuarto lugar, si las ramas políticas en Washington ya admiten a los cuatro vientos que Puerto Rico sigue siendo una colonia lo que corresponde entonces es arrebatarle al Congreso nuestra soberanía para que, en el ejercicio de nuestro derecho inalienable a la autodeterminación, decidamos libre y democráticamente nuestro propio futuro.

La hora de la suprema definición está a la vuelta de la esquina.

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