Rafael Cox Alomar

Tribuna Invitada

Por Rafael Cox Alomar
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Las verdades de la jueza Taylor Swain

Al desestimar el grueso de los argumentos presentados por el gobierno en sus demandas contra la Junta de Control Fiscal, la jueza federal Laura Taylor Swain nuevamente arrojó luz sobre la asimétrica e indigna relación jurídica que hoy vincula a Puerto Rico con los Estados Unidos.

Indudablemente, una de las afirmaciones más contundentes de la jueza Taylor Swain se encuentra en las páginas 12 y 13 de su opinión con respecto al pleito radicado por los presidentes de los cuerpos legislativos.

El análisis allí vertido por la jueza Taylor Swain amerita la más detenida atención, particularmente por aquellos que insisten en buscar refugio en las penumbras del estadolibrismo más retardatario.

Veamos.

“Los demandantes sostienen que el rechazo por parte de la Junta de Control Fiscal del presupuesto de la Legislatura de Puerto Rico y la implantación de su propio presupuesto constituye una invasión ilegal de los poderes legislativos de aquella última bajo la Constitución de Puerto Rico […]. No obstante, tal y como este tribunal ha establecido recientemente, el Congreso de los Estados Unidos ejerció sus poderes conforme la cláusula territorial de la Constitución federal tanto al momento de aprobar la Constitución de Puerto Rico, así como al momento de legislar la Ley Promesa. La cláusula territorial le concede al Congreso autoridad para emitir reglas y ordenamientos con respecto a Puerto Rico, y a alterarlos también” (traducción del autor).

Este, sin dudas, es uno de los pasajes jurídicos más demoledores de la historia constitucional puertorriqueña desde 1952 para acá, porque sin paños tibios deja establecida la naturaleza absolutista de los poderes que le asisten al Congreso conforme la cláusula territorial para intervenir de forma arbitraria y unilateral en los aspectos más neurálgicos de nuestra vida de pueblo. Porque, además, coloca a Promesa al mismo nivel de jerarquía jurídica que la Constitución de Puerto Rico. Dejando al descubierto que la Constitución de Puerto Rico, al igual que Promesa, no es más que otra simple y ordinaria ley del Congreso. Muy distinto a lo que había resuelto consistentemente la Corte Federal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston a los efectos que “the Constitution of the Commonwealth is not just another Organic Act of the Congress. We find no reason to impute to the Congress the perpetration of such a monumental hoax.” (Consúltese la opinión del juez Magruder en Figueroa v. People of Puerto Rico, 232 F.2d 615, 620 (1st Cir. 1956)).

La jueza federal Taylor Swain nuevamente ha dejado demostrado que no existe ambiente alguno en los tribunales federales para reconocer la existencia de un alegado pacto bilateral, preconizado sobre el consentimiento mutuo, entre Puerto Rico y el Congreso. Curiosamente, atrás ha quedado también la doctrina mucho más depurada del ahora juez asociado del Supremo federal Stephen Breyer, quien desde sus días en el Primer Circuito de Boston habíaarticulado la ingeniosa tesis de que, con el inicio del Estado Libre Asociado en 1952:

“El status de Puerto Rico de mero territorio se transformó al status novel de Estado Libre Asociado. Y las relaciones entre el gobierno federal y el de Puerto Rico también cambiaron, ya no se regirían exclusivamente por la cláusula territorial y los derechos del pueblo de Puerto Rico como ciudadanos norteamericanos. En adelante, tal relación quedaría regimentada por las Constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico, por la Ley 600 y por el Estatuto de Relaciones Federales […].” (Córdova & Simonpietri Insurance Agency Inc. v. Chase Manhattan Bank N.A., 649 F.2d 36, 41 (1st. Cir. 1981)) (traducción del autor).

Ante las insoslayables (e irrebatibles) verdades de Taylor Swain, se impone pues la pesada obligación patriótica de articular, de frente y de cara al sol, un nuevo catecismo ideológico anclado en la verdad y la dignidad.

Y la soberanía constituye la piedra angular del nuevo proyecto.

Lo demás son cantos de sirena.

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